Cabe recordar que esta semana dos grupos de docentes jubilados que han reclamado el reconocimiento de lo que consideran el derecho de prima de antigüedad, realizaron varias movilizaciones, entre ellas una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de servidores públicos, pues acusaron que habrían sido hostigados hasta en sus domicilios para que aceptaran un cheque por 9 mil 600 pesos y los obligaban –señalaron- a firmar el desistimiento de las demandas laborales.

Otro de los grupos se manifestó recientemente en la Junta Local de Conciliación Arbitraje y bloqueó la avenida Morelos en esta ciudad por más de siete horas, con los mismos reclamos. En esta ocasión los docentes aceptaron retirar el cierre de circulación con el compromiso de que ya no los presionarían, de que se les pagaría el recurso aprobado por el Congreso local por 100 millones de pesos y que este viernes se reunirían con funcionarios estatales, entre ellos el secretario de educación para dar solución al conflicto.

Al respecto, Rodríguez Martínez negó que hubiera una cita para dialogar con dichos grupos para este 11 de marzo: “Yo no sé. Yo no he sido convocado a ninguna reunión”, expresó al asegurar que respeta totalmente a los maestros jubilados, pero no hubo tal acuerdo.

Por otra parte, dejó en claro que a la Secretaría tampoco se le ha notificado oficialmente del acuerdo de ampliación del monto destinado al pago del estímulo por retiro, al aseverar que reitera “la disposición de cumplir con lo que hasta este momento tiene la Secretaría, que es 76 millones de pesos”.

El secretario rechazó que haya hostigamiento o amenazas a los profesores al acusar que por el contrario, ha tenido conocimiento de que hay presión y han sido amenazados algunos jubilados para que no acudan a cobrar el cheque.

Argumentó que ni el sector educativo ni la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tienen personal como para ir hasta las casas de los maestros, llevarlos ante la Junta – que tiene que presenciar el proceso de desistimiento-, y regresarlos a su domicilio, por lo que desechó que pudiera haber consecuencias de las demandas penales.

No obstante, expresó que en un momento dado, en caso de comprobarse que alguien incurrió en alguna anomalía de esta naturaleza, la postura de la Secretaría sería que se aplique con rigor la ley.

Sin embargo, lo que expuso el secretario, fue la postura de que los maestros tienen que decidir si cobran dicho estímulo o si continúan las demandas, al expresar: “nosotros estamos dejando la libertad al maestro que decida si recibe el recurso o decide irse por la vía jurídica, lo puede hacer, está en total libertad, entonces vamos a respetar la decisión de cada maestro en lo individual. Yo más bien diría que ocurre en otro sentido, que hay abogados que están amenazando a maestros a que no vayan a cobrar”.