La directora del organismo Erika Cortés Martínez expresó que lamentablemente este tipo de delitos graves afectan a niños y niñas, así como a mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la funcionaria señaló que falta mucho por hacer y entre los retos se encuentra la resolución de casos de homicidios de mujeres.

Destacó que también ha habido en la última década avances en materia legislativa, como es la cuota de participación política con un mínimo del 40% de representación de género, la legislación en relación a la atención a las víctimas de violencia, la Ley de Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Reconoció que aun hay pendientes, y de hecho refirió que hay 18 propuestas de modificación al marco legal, que ha entregado el instituto y que se encuentran en la Consejería Jurídica.

También comentó que hay resultados en la cobertura en salud para mujeres indígenas, cursos y apoyos para el empleo, entre otros. El 87% de las mujeres saben que es violencia, que hacer y a donde acudir, “y eso ya es un gran avance”.

El año pasado se registraron 45 denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y cada vez aumenta la cultura de la denuncia, pues en el primer año sólo hubo 16 casos.

Por notro lado, la funcionaria reveló que se ha identificado a través de mujeres que han pedido ayuda y que han sido atendidas en el albergue de la mujer del instituto, que existen redes de delincuencia organizada, en particular –dijo- en el municipio de Jojutla.

Expuso que en un primer encuentro con mujeres, se dio a conocer que estas redes de prostitución relacionadas con el mismo grupo, coptan a mujeres de diferente manera. Entre ellas, comentó, hay mujeres que dicen que se enamoraron y que su pareja después de 15 o 20 días de romance, les dicen que no tienen dinero, que tienen deudas, que les ayuden. Y cuando se dan cuenta, ya están implicadas en prostitución y las amenazan para continuar.

Mencionó que conforme a los testimonios en solo uno de los grupos hay de 10 a 20 sexoservidoras, que son obligadas a pagar por el espacio donde trabajan hasta 3 o 4 veces más caro el costo habitual de un cuarto, por ejemplo.

Además, informó que este problema es importante de atender, por el maltrato del que son objeto, pues han observado casos de familias que desde la abuelita hasta la nieta tienen este modus vivendi, y que son victimizadas.