Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ve con reservas estas propuestas ante las limitaciones presupuestales y el rezago en la modernización de la infraestructura del Poder Judicial.

Desde noviembre de 2009, una comisión de diputados, abogados y representantes de los tribunales inició los trabajos para elaborar un proyecto para la reforma integral del Poder Judicial. A más de un año, la propuesta tiene un avance del 95 por ciento y se prevé que en el transcurso del mes de marzo pueda concluirse el proyecto para ser presentado oficialmente.

El proyecto, hasta el momento, contempla la creación de un Tribunal Constitucional, aunque hay quienes opinan que en lugar de crear un nuevo tribunal debería constituirse una Sala Constitucional dentro de la estructura del Tribunal Superior de Justicia.

La propuesta propone que el Tribunal Constitucional tenga facultades para resolver controversias constitucionales entre los municipios y los tres Poderes del estado de Morelos, y acciones de inconstitucionalidad contra leyes, decretos o disposiciones municipales o estatales.

Una propuesta vanguardista que contempla el proyecto es que el Tribunal Constitucional –o en su caso la Sala- tenga facultades para conocer de las denuncias e iniciar procedimientos judiciales contra autoridades estatales y municipales por violaciones a los derechos humanos.

Es decir, que el ciudadano podría no sólo acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos –que emite recomendaciones pero sin facultad de exigir su cumplimiento-, sino a un tribunal para judicializar el proceso y que se emita una sentencia y, en su caso, la respectiva sanción para los servidores públicos que transgredan las garantías individuales.

Otra innovación es que dicho tribunal también tendría facultades para atender denuncias populares por omisión legislativa. Esto significa que cuando el Congreso ignore u omita dar cumplimiento a reformas constitucionales o leyes federales y sus artículos transitorios, este tribunal pueda emitir exhortos para dar cumplimiento a disposiciones superiores so pena de fincar responsabilidades a los legisladores.

Además, asumiría el papel de intérprete y ejecutor supremo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En torno a la creación de un Tribunal Constitucional, aún existen disensos pues dentro de la mesa de trabajo para la reforma integral del Poder Judicial existe una corriente que opina que es mejor perfeccionar las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia y crear una sala de control constitucional.

Recomposición del PJ

El proyecto también contempla modificar la integración del Poder Judicial y consecuentemente la conformación del Consejo de la Judicatura.

El Poder Judicial actualmente está integrado por cuatro tribunales: Superior de Justicia (TSJ), Estatal Electoral (TEE), Contencioso Administrativo (TCA) y de Justicia para Adolescentes (TUJA). La propuesta es agregar el Tribunal Constitucional (en caso de crearse) y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), cuya instancia laboral actualmente depende del Poder Ejecutivo.

El efecto de la recomposición implicaría la modificación de la integración del Consejo de la Judicatura. Según se plantea, se suprimiría la representación del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y el Consejo estaría integrado por los titulares de los seis tribunales (TSJ, TUJA, TECA, TECA, TEE, Tribunal Constitucional) y un representante de los jueces.

En lo que respecta al TSJ, se propone que los tres magistrados supernumerarios –que actualmente integran la Sala Auxiliar- se conviertan en numerarios.

Asimismo, se pretende dotar de autonomía financiera al Poder Judicial y para ello se ha planteado que de manera permanente a los tribunales se les asigne entre el tres y el cinco por ciento del presupuesto del gobierno del estado de Morelos.

Reservas del TSJ

Para que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia conozcan los términos en que se plantea la reforma constitucional relativa al Poder Judicial, legisladores y magistrados se reunirán en el Salón de Comisiones del Congreso local el próximo 2 de marzo.

El magistrado Andrés Hipólito Prieto, quien ha estado colaborando en la mesa de trabajo para la reforma integral del Poder Judicial, afirmó que existen reservas de la institución sobre el contenido del proyecto de iniciativa sobre todo por motivos financieros y de tiempo.

“El pleno del TSJ no está totalmente de acuerdo con la reforma constitucional porque hay otras prioridades que atender como la implementación total de los juicios orales en el estado, el equipamiento, la designación de jueces, la capacitación y mejoramiento de los edificios (….) es necesario atender prioridades y apostar al crecimiento del Poder Judicial pero en condiciones mejores”, dijo.

Destacó que ha defendido que para conseguir la autonomía financiera es necesario que el presupuesto anual del Poder Judicial sea por lo menos del cinco por ciento de los recursos del gobierno del estado de Morelos.

Sostuvo que en caso de que prospere la reforma constitucional, sería necesario establecer un tiempo considerable para su vigencia, que tendría que ser de por lo menos uno o dos años, porque tendría que realizarse un profundo análisis de las necesidades materiales y presupuestales para aplicar dicha reforma y establecer corridas financieras que tendrían que ser suministradas con puntualidad.

Expresó que los representantes del pleno sostendrán la próxima semana un encuentro con un grupo de legisladores para conocer el proyecto en sus bondades, alcances o deficiencias, y en su caso hacer las aportaciones u observaciones necesarias.