A través de diversas solicitudes de información tramitadas por La Unión de Morelos, se pudo conocer que el proyecto de juicios orales atraviesa por graves problemas financieros, tras la desaparición de la organización denominada “Pro-Derecho”, misma que era financiada por la agencia norteamericana USAID y que cubrió el costo de la capacitación de los operadores de los juicios orales en Chihuahua y Morelos.

El Congreso Local aprobó un presupuesto de 20 millones para el rubro de juicios orales en el 2011, pero de acuerdo al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, ese dinero sólo alcanzará para cubrir los salarios de los jueces orales de los distritos donde ya opera el nuevo sistema, y la adecuación de las instalaciones en los distritos de la zona sur donde entrará en vigor a partir del 2012.

En Chihuahua, estado que sirvió de modelo para la implementación de los juicios orales en Morelos, llevan invertidos un mil 700 millones de pesos, de los cuales se destinaron alrededor de 300 millones para el rubro de “socialización”, es decir, explicarle a la gente en qué consiste el nuevo sistema de Justicia Penal.

En Morelos, a la pregunta de “¿cuánto se ha invertido al rubro de difusión del nuevo sistema de Justicia Penal?” tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial contestaron que “a la fecha no se ha destinado ningún recurso financiero para ese rubro”. La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Estatal aclaró que se han difundido diversos eventos relacionados con el tema de los juicios orales en diferentes medios de comunicación, pero que esto se ha hecho con el presupuesto general asignado a esa dependencia, sin que exista una partida específica para ese fin. El Tribunal Superior de Justicia informó que, definitivamente, carece de cualquier recurso no solamente para la socialización de los juicios orales, sino que en general no existe ninguna partida para la difusión de nada.

La responsable de la implementación del nuevo sistema en Morelos, Myrna Álvarez Uriarte, informó que, la mayor parte de los gastos erogados por concepto de capacitación para jueces, ministerios públicos y defensores de oficio (incluidos diversos viajes a países donde ya se aplica ese sistema) fue cubierta por la organización no gubernamental denominada “Pro-derecho”, pero que ésta desapareció desde el año pasado por razones desconocidas.

En entrevista, dio a conocer que el Gobierno Federal destinó un recurso para la difusión del nuevo sistema de Justicia Penal, mismo que, por tratarse de recursos de la Federación, fue necesario someter a licitación la campaña de producción del material y la difusión de éste.

A través de una solicitud de información ante la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado, La Unión de Morelos obtuvo copias de la licitación pública nacional 46004001-008-10 para la difusión del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio adversarial.

La junta de aclaraciones se llevó a cabo el 23 de noviembre del 2010 en las oficinas de la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio, la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas fue el 29 de noviembre y la lectura del fallo ocurrió el 10 de diciembre del año pasado.

El proyecto de difusión consiste en lo siguiente:

Elaboración de guiones y bocetos para el contenido de la campaña de difusión basada en cuatro temas rectores, principios del sistema acusatorio, derechos de la víctima, derechos del imputado y Justicia Alternativa.

Creación del diseño de la nueva imagen de la página de Internet de juicios orales. La producción de cuatro versiones de spots de televisión de 30 segundos en formato Full HD. Producción de 4 versiones de cineminuto. Producción de documental de 30 minutos en Full HD. Elaboración del diseño de carteles e inserciones para periódico. Publicidad en parabuses y para medallones traseros de autobuses.

También, transmisión de 6 spots diarios en 11 estaciones radiofónicas de cobertura estatal, así como 4 spots diarios en por lo menos dos canales de televisión con cobertura estatal.

La proyección de las 4 versiones de cineminuto, entre otras cosas.

A la licitación se inscribieron las siguientes empresas:

Aritma Comunicación S.A. de C.V., representado por Rubén Cravioto Martínez; Grupo GRG Efectimedios, de Gerardo Viveros Hinojosa; R y R Publicidad Comercializadora de Medios, propiedad de Jesús Soria Castillo; Medios Producción de Comunicación de Roberto Gonzáles Vásquez y Fluxus, propiedad de Danae Romero.

La empresa ganadora fue Grupo GRG Efectimedios, propiedad de Gerardo Viveros Hinojosa, por la simple razón de haber presentado el proyecto más barato. Mientras que Fluxus solicitaba un presupuesto de 12 millones de pesos, GRG Efectimedios prometió cumplir con todo el proyecto con tan sólo 4 millones 932 mil 088 pesos.

El material audiovisual será presentado al público hoy en un cine de Plaza Galerías, con lo que se inicia formalmente la campaña de difusión.