Aun cuando literalmente se ha alcanzado la universalización de la educación primaria, una meta de alta relevancia para el país, el ejercicio efectivo del derecho a la educación no está garantizado. Factores como las distancias en las zonas rurales e indígenas, marginación, desnutrición y el trabajo infantil son elementos que inciden en el acceso a la educación de todos los niños al sistema educativo. Se puede decir, a partir de las líneas discursivas de los ejecutivos estatales, que existe un interés real porque las políticas públicas en materia educativa sean coherentes con el papel central que la educación cumple como eslabón del desarrollo social y crecimiento económico.

Sumar esfuerzos, poner en marcha programas y proyectos que dinamicen la capacitación pertinente y oportuna de los maestros, desarrollo de contenidos digitales educativos, fortalecimiento de la vinculación entre el sistema educativo y el mercado laboral para evitar la subutilización del capital humano, así como también atención a la infraestructura escolar, equipamiento y conectividad de los salones de clases, reforma curricular, alimentación, nutrición y salud de los alumnos, son algunos de los principios que hoy se delinean en los planes de desarrollo estatales para definir un nuevo modelo educativo que eleve los niveles de aprendizaje y habilidades del estudiantado en términos de igualdad y equidad.

De hecho existe un instrumento propuesto por el magisterio nacional, como la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que plantea un panorama y una visión clara de cada uno de los factores que gravitan en los resultados educativos, y que por lo tanto deben ser atendidos de manera integral. La llegada de Rafael Moreno Valle, Gabino Cué, Miguel Alonso Reyes, Javier Duarte, Mariano González Zarur y Mario López Valdez a los despachos de los gobiernos respectivos de Puebla, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala y Sinaloa, representa una inmejorable para redimensionarla y hacer a un lado la tentación de algunos sectores de reducir la agenda educativa para ejercer presión sobre los maestros como los únicos responsables de la baja calidad de la educación en el país.

¿Nuevo esquema educativo?

¿Qué han hecho países como Finlandia, Corea del Sur, Canadá y Nueva Zelanda para situarse de manera permanente en el top ten del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA? Pusieron en marcha políticas públicas que le dieron una alta prioridad a la carrera docente, establecieron alianzas con la responsabilidad social que tienen las empresas, fortalecieron sus redes sociales y los padres de familia apagaron el televisor para sumarse de manera activa a ese esfuerzo educativo.

No hay fórmulas, en efecto, que se puedan replicar de otras partes del mundo y conseguir un éxito similar, porque para ello se requiere de una visión integral del contexto (mecanismos sociales y económicos de cada región) en que se desarrolla el proceso educativo y el aprendizaje. Además, se precisa –como un argumento básico- de mayores avances legislativos en materia escolar, la afinación de ordenamientos normativos y, por supuesto, tener en los presupuestos estatales los recursos necesarios para mejorar la infraestructura en educación, así como una capacitación y formación permanente de la plantilla de profesores.

2011, desde esa perspectiva, se perfila como un año en el que la referencia educativa estará presente en la línea discursiva de los actores políticos. Sin embargo, en la antesala de la carrera por la presidencia de la república en 2012, lo más importante será que las propuestas e iniciativas para replantear nuestro modelo educativo se traduzcan en políticas públicas medibles, viables y con objetivos concretos.

Por lo que se aprecia, existe la voluntad política y las condiciones para que los nuevos gobiernos encaminen sus esfuerzos hacia la edificación de un nuevo esquema educativo que –constituido como un microcosmos-- pueda ser llevado a una escala nacional. En suma, hay mucho hilo en el carrete: la discusión pública sobre el papel que debe jugar la educación está abierta.

Alrededor del país

El onceavo Ministro de la Corte.- El titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, hizo llegar al Senado la terna con la que se completará la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de esperarse que esa instancia legislativa --por lo apremiante-- vote de entre los magistrados Jorge Higuera Corona, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán, al ministro que ocupe el sitial dejado por José de Jesús Gudiño Pelayo. La elección del onceavo integrante de la Corte no es cosa menor, dados los empates que se han presentado en la votaciones de los proyectos de resolución de la SCJN, amén de haber quedado acéfalo ese cargo durante meses. Y aunado a ello, el que prevalezca el voto de calidad del ministro presidente, Juan Silva Meza.

Al interior de la Corte, por cierto, existe satisfacción por haberse privilegiado al Poder Judicial de la Federación como instancia de donde se seleccionaron las candidaturas para ocupar el cargo de ministro vacante. Sin embargo, las voces de fuera --de las agrupaciones de abogados y sectores interesados— quedaron al margen. Pero aún quedan pendientes como la evaluación que haga el Senado de los méritos de los magistrados al comparecer, así como la decisión de votar a uno de ellos o no, en cuyo caso el Poder Ejecutivo podrá hacer una designación directa.

Última Instancia, Revista de Estudios Jurídico Electorales.- Justamente asuntos que tienen que ver con la materia electoral están pendientes de resolverse en la Corte, como el llamado amparo de “los intelectuales”, lo que denota la importancia de las elecciones y su desahogo en instancias como la propia SCJN, en el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como sus pares a nivel estados y el Distrito Federal, y por supuesto los partidos políticos.

De ahí el surgimiento de Última Instancia, Revista de Estudios Electorales, publicación que ya circula como número de lanzamiento entre los principales actores que participan de los procesos electorales en México. El ejemplar “cero” incluye textos de Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Bernardino Esparza, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y Juan Romero, abogado especializado en materia Electoral.

Esta publicación, anuncia su editorial de presentación, “busca ocupar un lugar preponderante en el debate jurídico y Electoral en el país”. Su consejo editorial se encuentra integrado en forma plural por miembros destacados del Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores federales, así como académicos y abogados vinculados con la materia electoral en el país.

Procuradores de Justicia estatales.- En Puebla existe también satisfacción por la llegada de un funcionario profesional y probo para el cargo, como lo es Víctor Antonio Carrancá Bourget, quien tiene en su desempeño haber sido subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal, además de una amplia trayectoria y formación en los propios tribunales. Su designación --como parte de un proceso de renovación-- se une a otros nombramientos de procuradores como Renato Sales Heredia en Campeche y Arturo Nahle en Zacatecas, quienes han figurado en la función pública. (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)