Mediante la circular 05/2010, publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el pasado 15 de diciembre, el fiscal estatal ordenó a los agentes del Ministerio Público respetar cabalmente los derechos de los detenidos y proporcionar oportunamente la información de su condición legal a sus abogados y familiares a través de las pantallas instaladas en las áreas de detención; de lo contrario, serán sujetos a procedimientos administrativos y sanciones.

De acuerdo con la circular, los agentes del Ministerio Público serán los responsables de verificar constantemente que las pantallas de información funcionen correctamente y aparezca la información respecto al nombre y edad del detenido, la situación jurídica de cada una de las personas que están a su disposición, el número de averiguación previa o carpeta de investigación a la que están vinculados, el delito que se imputa y el cronómetro regresivo que permitirá visualizar el tiempo que resta para determinar la situación jurídica del imputado, así como la determinación jurídica del MP.

También los agentes del Ministerio Público deberán verificar que la información publicada en las pantallas coincida con las personas que se encuentran físicamente puestas a su disposición y con lo asentado en el Libro de Gobierno de cada unidad de investigación. En caso de que la información no coincida, los servidores públicos deberán instruir a su personal para que de forma inmediata actualicen y corrijan la información publicada.

Cuando exista alguna falla técnica, deberán reportarla lo más pronto posible a la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena, la cual asignará un número de folio por cada reporte, debiendo darle el seguimiento puntual.

En tanto, la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena será la responsable de atender el reporte de falla e informar al servidor público que realizó dicho reporte sobre la solución del mismo.

En caso de que se presentara alguna falla en el suministro de la energía eléctrica, el personal ministerial deberá reportarlo de inmediato a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que ésta realice las gestiones necesarias para resolver el inconveniente.

Asimismo, en la circular se advierte que la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, en el ámbito de su competencia, será el órgano encargado de supervisar que se cumpla lo ordenado por el titular de la institución.

Finalmente, en el documento se exige a los agentes del Ministerio Público respetar el término constitucional de las 48 horas para determinar la situación jurídica de los detenidos puestos a su disposición, y en aquellos casos en que la pantalla no se encuentre actualizada en cuanto al dato referente a la determinación de los imputados, la Visitaduría General tomará conocimiento de los hechos e iniciará el procedimiento respectivo para sancionar a los que incumplan con lo establecido en la presente circular.