Comité Coordinador desecha terna para la designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.

Mientras que Roberto Coránguez Esquivel fue destituido como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), el Comité Coordinador desechó la terna que le fue enviada en octubre de 2019 para la designación del secretario técnico del SEA, por no cumplir con los requisitos previstos en la ley.

A través de un comunicado firmado por tres de los cinco integrantes del CPC-SEA, se dio a conocer el relevo de Coránguez Esquivel por “la falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”, por lo que “con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”

Por lo tanto, Picazo Hernández, será presidente sustituta hasta el 30 de abril, fecha en que culminaba el periodo de su antecesor, y posteriormente se mantendrá en el cargo hasta el 30 de abril de 2021, ya que en orden de prelación le toca asumir la representación del CPC-SEA por un año.

Concretado el relevo, la presidente sustituta convocó a sesión del Comité Coordinador del SEA, integrado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaria de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y Contraloría Municipal de Cuernavaca.

Por unanimidad, el Comité Coordinador determinó que la terna que le envío el CPC-SEA en octubre pasado para la designación del secretario Técnico de la Secretaría  Ejecutiva del SEA “no se encuentra legalmente conformada, en virtud de que las personas que la integran, no reúnen los requisitos que exige el artículo 36 de la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”.

En consecuencia, desechó la terna y conminó al CPC-SEA a presentar lo más pronto posible una nueva, integrada con personas que cubran los requisitos de ley, como ser mexicano y preferentemente morelense; tener al menos cinco años de experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación de políticas públicas; tener más de 35 años al día de su designación y gozar de buena reputación, entre otros requisitos.

Además, se informó que lo actuado por el Comité Coordinador será informado al Juzgado Octavo de Distrito, donde los aspirantes al cargo de secretario técnico promovieron un juicio de amparo, con la finalidad de dar cuenta a la autoridad judicial que dicho comité expidió ya los lineamientos para el nombramiento.

“Los que suscribimos, hacemos votos para que ésta nueva etapa del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro Estado, sea el inicio de la conformación de una instancia de vinculación que cumpla con las expectativas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción. Y que a través de este Sistema logremos posicionar a nuestro Estado a la vanguardia de esta lucha”, afirmaron en su comunicado Penélope Picazo Hernández, Alejandro Enríquez Hermida y María Juana Damiana Herrera Mota, miembros del CPC-SEA.

A finales de 2019, se dio un fuerte conflicto entre el otrora presidente del CPC-SEA, Roberto Coránguez Esquivel, y algunos de los integrantes del comité ciudadano y el Comité Coordinador, debido a que se forzó la integración de una terna para la designación del secretario técnico del SEA (quien será el responsable de la operatividad del sistema anticorrupción).

Posteriormente, Coránguez Esquivel impulsó el nombramiento de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino”, lo que avivó los desencuentros entre los integrantes del SEA porque esa figura no está prevista en la ley.

Incluso, González Chévez hace unos días fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por ostentarse con un cargo inexistente y haber emitido oficios y haber realizado gestiones ante diversas instancias gubernamentales.