El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió ya las primeras controversias constitucionales del año contra el Congreso y el Poder Ejecutivo por la aprobación de nuevos decretos de jubilación pero sin asignar presupuesto para su pago.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió al menos tres controversias, en las que se reclama la falta de presupuesto para el pago de las pensiones de los trabajadores en retiro, lo que significa que continúa el litigio iniciado hace más de dos años y que tiene a los tres Poderes del Estado en la cuerda floja.
“Se admite a trámite la demanda de controversia constitucional que hace valer quien se ostenta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos (…)
“Se tienen como demandados en este procedimiento constitucional a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Consecuentemente, se ordena emplazar a las referidas autoridades…para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación”, dice el acuerdo emitido por las SCJN respecto de estas nuevas controversias.
A la llegada de Carmen Cuevas López como titular del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Morelos en mayo de 2016, se iniciaron las primeras controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos de jubilación de trabajadores judiciales pero sin asignar presupuesto para su pago.
Hasta 2018, las salas de la SCJN ya habían resuelto más de una centena de controversia en las que, básicamente, se ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo etiquetar y suministrar al TSJ de los recursos suficientes para el pago de las pensiones.
Ante la omisión de dar cumplimiento a las sentencias, el pasado 3 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)el cuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puso literalmente contra la pared a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial por su contumaz desacato judicial, y no sólo les dio lineamientos y tiempos para cumplir con más de un centenar de controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino hasta amenazó con aplicarles ahora sí la destitución y consignación ante un juez federal por abuso de autoridad.
