Juliana García Quintanilla, integrante de la organización social, expresó que el aumento generalizado de la violencia en el estado, asociado a la lucha contra la delincuencia organizada y la disputa entre grupos delictivos por el control del territorio morelense, ha dejado un saldo superior a 290 muertes violentas en los últimos 11 meses.

Sin embargo, destacó que conforme aumentó el grado de violencia en el actual sexenio, también se incrementó el número de asesinatos de mujeres en Morelos, que en casi cuatro años ya suman 116 casos.

Precisó que en el 2006, la Comisión Independiente de Derechos Humanos registró 20 homicidios de mujeres, en el 2007 el número de casos aumentó a 29, en el 2008 la cifra creció a 31 asesinatos violentos, en el 2009 se documentaron 36 casos y en lo que va del 2010 ya se registraron más de 40 asesinatos de mujeres.

García Quintanilla afirmó que prevalece la impunidad en el esclarecimiento de los homicidios, pues las instituciones de procuración y administración de justicia no sólo siguen menospreciando sino que han estigmatizado a las víctimas.

“Antes las autoridades prejuzgaban, decían que los asesinatos ocurrían porque las mujeres eran prostitutas o andaban en líos amorosos sin realizar una investigación a fondo. Ahora muchos de los asesinatos de mujeres son relacionados al crimen organizado y simplemente no se investiga para esclarecer el móvil real”, dijo.

Por ejemplo, explicó, el caso de la mujer que fue asesinada en un hotel fue asociado al narco, sólo porque en el lugar de los hechos se encontró en el espejo marcadas las siglas de un supuesto grupo criminal y sólo por ese hecho la procuraduría no profundizó en la investigación.

Criticó también a los legisladores por no cuestionar públicamente al procurador estatal sobre la violencia feminicida. “Los diputados también son negligentes y responsables porque hacen pronunciamiento, pero cuando va el procurador al Congreso la comparecencia es privada, cuando debe ser abierta para que explique porqué hay impunidad y crecimiento de violencia”, dijo.

También sostuvo que el resto de las instituciones estatales han sido irresponsable por no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia hacia la población femenina, pues ni siquiera se aplica la legislación que previene y sanciona la violencia contra la mujer.