El abogado encargado de la defensa del ex jefe policíaco, Enrique Fernández, argumentó que la detención fue ilegal y la procuraduría estatal le atribuyó imputaciones basadas en las declaraciones de los presuntos plagiarios que fueron detenidos y que estuvieron a punto de ser linchados por habitantes del municipio de Tetela del Volcán.

Expresó que la detención ocurrió justo cuando su cliente acudía a la procuraduría a entregar copias de los videos y a declarar en relación al intento de linchamiento de los cinco jóvenes, acusados de intentar secuestrar a un empresario del municipio.

“El comandante acudió a la procuraduría a entregar unos videos y a declarar en relación a los hechos de linchamiento, y en el momento de estar declarado le cambiaron su situación de testigo a presunto responsable”, dijo el abogado.

Dijo que la PGJ actuó con inusitada prontitud, no dejó transcurrir el plazo constitucional y sin profundizar en la investigación, puso al ex comandante y a los presuntos plagiarios a disposición de las autoridades federales.

El defensor afirmó que la forma de vida de Paulino Martínez Aguilar no concuerda con la de un criminal. “El ex comandante Paulino percibe un sueldo de seis mil pesos, tiene un crédito de diez mil pesos, no tiene propiedades a su nombre, vive con su suegro. Ahí le prestan un cuarto para él su familia y pues no hay ningún vínculo con la delincuencia”.

Por ello, informó que promovió el amparo1841/2010, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, pues consideró que fueron vulnerados los derechos de su representado y no hay elementos que sustenten las imputaciones que la procuraduría hace al ex jefe policíaco.