Las víctimas siguen buscando justicia y el número de desaparecidos se incrementa, señala el fundador de esa organización.

A siete años de la fundación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), la violencia no cesa en el país, sino que se recrudece; las víctimas siguen buscando justicia y el número de desaparecidos incrementa, señaló el poeta, escritor y líder de esa organización Javier Sicilia Zardain.

Este lunes, en conferencia de prensa recordó que mañana, 28 de marzo, se cumplirá el séptimo año de que su hijo y seis personas más fueron asesinadas en una masacre en Morelos, lo que dio origen al Movimiento que despertó a miles de personas ante la tragedia humanitaria que vive México desde hace al menos 12 años, cuando el Ejército fue sacado a las calles, debido a la guerra contra el narcotráfico.

Javier Sicilia manifestó que hubo algunos avances como la Ley de Víctimas y la Ley de Desaparición, pero subrayó que se ha logrado muy poco. Aseveró que desde hace casi 12 años las administraciones del gobierno federal “han traicionado a las víctimas y, con ellas, a la nación entera”.

De acuerdo con los datos recabados por el MPJD, el sexenio pasado cerró con 70 mil asesinados, 30 mil desaparecidos, cerca de un cuarto de millón de desplazados y 95% de impunidad.

En la actual gestión, sostuvo el vocero, se acumularon las mismas cifras –ya que “la deuda es de Estado, no de gobierno”–, más las que generó su administración: “150 mil asesinados, una cifra de desaparecidos que, por desgracia, no ha sido contabilizada y que supera la de los 30 mil; más de un millón de desplazados, una infinidad de fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, el caso Ayotzinapa, el 95% de impunidad y un intento de legalizar, con la Ley de Seguridad Interior, el Estado de excepción que inició cuando en 2006 Calderón sacó al Ejército a las calles”.

El fundador del Movimiento señaló que hasta ahora, en este proceso electoral, sólo el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador “ha tenido no sólo la memoria y la grandeza moral de recordar y saludar en su séptimo aniversario al MPJD porque ha dado la cara por las miles de víctimas que han caído desde hace dos sexenios en este país, sino también la claridad para señalar la deuda que la nación tiene con ellas y el exhorto para que caminemos juntos y con la reserva moral del país en la construcción de la paz, la justicia y la reconciliación”.

En la conferencia, ofrecida en la ya conocida como ofrenda a las víctimas, Javier Sicilia llamó al mismo aspirante presidencial a exponer su postura contra la Ley de Seguridad Interior y a que abra la agenda para dialogar y caminar en esa ruta.

A decir del también periodista, ningún partido ni candidato hablan de las víctimas. “Las víctimas parecen no existir ni en su pensamiento ni en sus discursos ni en sus programas de gobierno; tampoco las fosas… Ni José Antonio Meade ni Ricardo Anaya, ni ningún independiente ni candidato a gobernador, a presidente municipal, a representante en las Cámaras, las toman en cuenta… Su incomodidad abruma o quizá forma parte del proyecto criminal con el que el Estado mexicano, arrodillado ante el dinero, no ha dejado de operar. Incluso algunos que fueron fundamentales en el MPJD y en la lucha por los derechos humanos decidieron, como Esaú, cambiar su primogenitura, su interlocución y su capacidad de denuncia por un plato de lentejas electoral y guardar silencio ante los asesinatos y desapariciones en los que las partidocracias, mimetizadas en frentes y coaliciones, están implicadas”, externó.

Al dar lectura al pronunciamiento, manifestó que “el MPJD, en su séptimo aniversario, vuelve, como entonces lo hizo con los poderes de la nación y los candidatos de entonces a la Presidencia de la República, a reiterar la deuda que el Estado y las partidocracias tienen con el sufrimiento y a decirles que continúan siendo responsables del horror, que su deuda con las víctimas es cada vez mayor, que con su silencio frente a ellas confirman su filiación con el crimen, y que las urnas a las que están llamando a la nación están llenas de sangre, de dolor y de muerte. Frente a ello, el MPJD vuelve a increparlos: ¿Qué tienen que decirles a las víctimas? ¿Cuál es su propuesta de justicia y de paz para ellas y el país? ¿Cómo harán si ganan para hacerlas posibles y no convertirse en los próximos administradores del infierno? ¿Cuál es su posición ante las drogas y sus propuestas para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional y enfrentarlo como un asunto de salud pública? ¿Cómo, por lo tanto, van a generar una política que deje de subordinar al país a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se quiere legalizar con la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál va a ser su política frente a los desaparecidos y las fosas del país? Mientras no respondan con palabras y actos, nuestro voto no cabrá en sus urnas llenas de sangre y nuestra presencia no los dejará dormir en el infierno que han creado”.

Javier Sicilia denunció también que la administración actual de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), encabezada por Gustavo Urquiza, permite que líderes sindicales “condicionen la libertad de acción y pensamiento en la máxima casa de estudios”.

En este sentido, refirió que el pasado 21 de marzo, cuando se desarrolló un foro sobre derechos humanos y la Ley de Seguridad Interior, con la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, el rector no acudió y encima se permitió “un clima de linchamiento hacia Javier Sicilia y el exrector Alejandro Vera, con expresiones ofensivas en las dos entradas del campus universitario”.

Consideró que el ataque a las oficinas del Partido Nueva Alianza, del que Vera Jiménez es candidato a la gubernatura, habría sido provocado por grupos internos de la Universidad a los que calificó como “porriles”.

Advirtió que esos actos ponen en duda la imparcialidad de la institución educativa y abre las sospechas sobre dirigentes sindicales en cuanto a su posible participación en la preparación de “una elección de Estado”, cuestiona la postura de la Universidad a favor de las víctimas y amenaza la desaparición del programa que permitió la apertura de las fosas de Tetelcingo y Jojutla.