El Primer Tribunal Colegiado concedió la protección de la justicia federal a la actuaria Zswellth Castro Tapia, quien en noviembre de 2009 había sido destituida supuestamente por haber realizado de manera incorrecta y reincidente una notificación.

La trabajadora recurrió a la justicia federal, que finalmente le concedió el amparo para efecto de que el pleno del TSJ dejara insubsistente el acto de destitución y la reintegrara a su cargo con el respectivo pago de los emolumentos, que no percibió durante el periodo que duró el juicio.

Esto significa que el Tribunal Superior de Justicia deberá de pagar a la actuaria más de 90 mil pesos por concepto de “salarios caídos”, con lo cual aumenta la deuda de la institución.

Cabe destacar que el TSJ adeuda alrededor de 18 millones de pesos por concepto de pago de pensiones a cinco magistrados retirados, emolumentos de seis magistrados que recientemente entraron en funciones luego de año de haber sido nombrados, al revocarse una suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y el incremento salarial pendiente por negociar con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, el cual no se concretó anteriormente por la ríspida relación entre el ex presidente Ricardo Rosas y la organización sindical.