El artículo en mención específica que las cámaras y sus confederaciones tienen como obligación “representar, promover y defender nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza”; destacando además que “son órganos de consulta y colaboración del Estado. Por lo que el gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan”.

Otros líderes empresariales, como el de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) presidida por José Cruz Torres Campos, coincide con lo dicho por Canacope, resaltando que en materia de obra pública es uno de los temas más importantes para un estado.

Pero no existe esta correlación gobierno - industriales de la construcción, poniendo de ejemplo: “Chiapas, cuyo gobierno mantiene una estrecha relación con la Cámara de la Construcción para el asesoramiento de las obras de impacto que se van a realizar y esto ha generado una sinergia importante entre el gobierno y los constructores, beneficiándose ambas instancias, pero también la sociedad ya que se trabaja de manera profesional y consensuada, porque el compromiso es también dar obras a los constructores locales y comprar los materiales también de manera local, para que el dinero circule en el estado”.