De igual forma, señalaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como una dependencia que poco respeta al denunciante e incluso se violan sus garantías individuales al interponer una denuncia de robo, el Ministerio Público pide toda documentación para integrar la denuncia y hace muy tardado el proceso.

Juan René Morales Bocanegra, líder de la Ruta 2, aseguró que de los cinco asaltos que aproximadamente se registran en las unidades de la agrupación a la semana ni uno es denunciado ante la Procuraduría General de Justicia, porque en la mayoría de los casos que se han reportado, fue la víctima el enjuiciado y al delincuente se le impuso una pena menor.

Además, el líder transportista dijo que en estos casos es el chofer o el concesionario los que se exponen ante la autoridad y sobre todo al delincuente, porque presentan identificación, dirección, teléfonos y es mucho más fácil de hallar. En el caso del delincuente puede dar datos falsos sin que la autoridad los detecte.

“La familia del delincuente ya te identificó, contactó y se pueden dar casos de amenazas. Es difícil que el operador se proteja, siempre está en desventaja porque está expuesto en su unidad. No sabes si algún día se subirá alguien, un amigo, familiar del delincuente. Está totalmente desprotegido”, declaró.

René Morales Bocanegra dijo que las autoridades han perdido credibilidad ante la sociedad por esta situación y por eso prefieren perder el dinero que el delincuente les robó, e incluso la unidad, para no arriesgarse.

Aseveró que mientras la Procuraduría General de Justicia y los juzgados den más protección a la víctima, las denuncias siempre serán menos a los delitos que diariamente se cometen.

“Que la autoridad te dé la facilidad de denunciar, que la autoridad te dé cierta protección y si te la da, adelante. Pero aquí el asaltado, el operador, no quiere ir porque pierde mucho tiempo para levantar el acta, y a eso se añade que se enfrenta al delincuente totalmente desprotegido”.