Y es que los diputados locales han insistido en que ellos aprobaron un monto de 61 millones de pesos para apoyar al sector educativo en dos rubros: dotar de útiles escolares a los alumnos y eliminar las cuotas económicas.

Tras el encuentro, el secretario de Educación, José Luis Rodríguez Martínez, informó que ya se estableció el diálogo con los representantes populares, y se expuso que los 61 millones de pesos referidos, conforme a lo que establece la norma y los procedimientos administrativos y tomando como base el decreto de publicación del presupuesto de egresos, se consideraron para el mantenimiento de escuelas, y por tanto, explicaron los funcionarios estatales, se radicó en el Instituto de Infraestructura Educativa que ahora es un organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Al término del encuentro, trascendió que la postura de los funcionarios estatales es que si ese recurso se destinara a cuotas o a un concepto similar, podría haber riesgo de observaciones. Por lo que se expuso la necesidad de que en los siguientes años si se considera esta partida de apoyo a la educación, se especifiquen los conceptos, porque, argumentaron, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y la Secretaría de Educación no tendrían en sus funciones directas la posibilidad de realizar obras.

Los diputados por su lado insistieron en que ése no era el espíritu del Legislativo, pues el fin era precisamente evitar que se siga cobrando cuotas económicas a los padres de familia que son forzados a pagar, pues se les llega a condicionar la inscripción de los hijos.

En entrevista, el secretario de Educación, José Luis Rodríguez, mencionó que se acordó con los diputados instalar una mesa de trabajo para afinar detalles sobre la aplicación de dicho fondo, y se estableció el compromiso de unir esfuerzos para que los padres de familia tengan claro que no tienen la obligación de hacer cooperaciones económicas, en tanto que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos reforzaría las acciones para evitar que se dé este problema de condicionamiento.

Consideró que esta ocasión será una experiencia para la elaboración del presupuesto del siguiente año, y mientras tanto se podrían buscar propuestas de aplicación del recurso siempre a favor de las escuelas, pues insistió en que el dinero ya está etiquetado y no puede usarse en otro rubro.

Rodríguez Martínez de igual forma comentó que se ha insistido a los diputados, en el diálogo, que no son obligatorias las citadas aportaciones de padres de familia, pero que tampoco sería deseable que se prohíban o se cierre la puerta a donaciones a escuelas por parte de los padres –lo que ya contempla la Ley General de Educación- o de personas físicas o morales, pues “actualmente hay muchos empresarios que hacen donativos a los centros educativos, que permiten mejorar las condiciones en las que se encuentran, y significan una participación ciudadana en el proceso de educación en las comunidades”.