De acuerdo con el Decreto 555 publicado en el órgano oficial de difusión, desde hoy está vigente la reforma al párrafo al artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública en la que se establece la obligatoriedad, de cumplir con la regulación local de todas las empresas con autorización federal para prestar el servicio de seguridad privada.

Para ello, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días naturales para la expedición de un nuevo reglamento en materia de seguridad privada, pero en tanto permanecerá vigente el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 1 de abril de 2009, en todo lo que no se oponga a las disposiciones de la ley en cuestión.

También está vigente la modificación a los artículos 65 de la Ley del Sistema de Seguridad, en la que se establece que los elementos prestadores del servicio de seguridad privada deberán cumplir tanto con los requisitos de ingreso previstos en el reglamento de la materia de seguridad privada, como la aprobación de los exámenes de control de confianza establecidos en la ley, debiendo ser capacitados y certificados por el Colegio Estatal de Seguridad

También entra en vigor la reforma al artículo 82, en la cual se ordena que las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y privada, incorporaran única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio.

Según la SSP, en Morelos existe un total de 79 empresas con registro estatal, de las cuales 64 son de protección y vigilancia, 4 de traslado y custodia de valores, 6 de seguridad interna y 5 correspondientes a instalación, activación y monitoreo de inmuebles, alarmas, cercas electrificadas y puertas eléctricas, y cuentan con 2 mil 620 efectivos que dan servicio de seguridad a mil 528 personas en el Estado de Morelos.

Sin embargo, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada calcula que existen alrededor de 40 empresas que dan el servicio de seguridad privada supuestamente con un permiso federal y no cumplen con las exigencias de la normatividad estatal, y más de 60 operan sin ningún tipo de autorización, lo cual pone en riesgo a los habitantes de fraccionamientos y zonas residenciales, trabajadores y ejecutivos de industrias o corporativos que contratan los servicios de “compañías piratas”.