Tras la reforma a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, que entró en vigor el 21 de agosto de 2009, se facultó a las entidades federativas para hacer frente al narcomenudeo y solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República únicamente cuando se configure el delito de delincuencia organizada y la posesión de droga sea para distribución y venta.

Sin embargo, se estableció que las entidades tendrían un año para modificar y adecuar su legislación local y tres años para preparar toda la infraestructura material y humana para combatir el narcomenudeo.

Este sábado concluye el plazo de un año para que los legisladores modifiquen la legislación penal y sanitaria, pero el Congreso ha tomado con ligereza el tema y no tiene contemplado discutirlo sino hasta después del 1 de septiembre, fecha en que inicia el siguiente periodo de sesiones.

Esta omisión ha tenido una serie de críticas de organizaciones de abogados, porque los grupos parlamentarios han invertido más tiempo en pleitos entre diputados o fracciones, que en legislar.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, lamentó que haya escaso trabajo legislativo y que no hagan su trabajo en los tiempos estipulados.

En el tema del narcomenudeo, lamentó que un asunto urgente y estratégico no esté en las prioridades de los legisladores y que no le den la importancia y la seriedad a este asunto.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Falcón Vega, dijo que dependerá del Congreso dotar al Poder Judicial de facultades para juzgar casos de narcomenudeo.

Sin embargo, señaló que a pesar de que no se han realizado las reformas a la normatividad local, el TSJ comenzará los preparativos y la capacitación de su personal y sus jueces, para que llegado el momento, estén preparados para conocer de los casos.

Incluso, el pasado 3 de febrero en el Diario Oficial de la Federación la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un decreto, por el cual ordenó la transformación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Centros de Operación Estratégica (COE), que conocerán e investigarán delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y aquellos delitos conexos, y en su caso concurrentes, cuya incidencia ponga en riesgo la capacidad de atención particular de las autoridades locales de cada región