El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) llamó al Congreso a debatir y consensuar el proyecto de ley para la evaluación y designación de magistrados, para evitar la judicialización de los nombramientos y considerar la posibilidad de que sea el propio Poder Judicial estatal el responsable de examinar a los aspirantes.
El magistrado y vocero del TSJ, Norberto Calderón Ocampo, dio el visto bueno a la iniciativa de ley propuesta por la legisladora perredista Hortencia Figueroa Peralta, y consideró necesario establecer mecanismos claros de designación, porque justamente la indefinición que prevaleció en nombramientos anteriores generó impugnaciones ante los juzgados de distrito.
Afirmó que a pesar de las bondades y el correcto planteamiento de la iniciativa, sería importante generar un acercamiento entre los magistrados y los diputados, porque en la iniciativa se propone establecer un mecanismo de designación como someter a los aspirantes a un examen de conocimientos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, lo ideal sería que el propio TSJ y el Consejo de la Judicatura tuvieran la atribución de evaluar y nombrar a sus propios integrantes, justamente como ocurre en el Poder Judicial de la Federación.
Recalcó que es indispensable que el Poder Legislativo tome la opinión de los magistrados, “porque estoy convencido de que todos y cada uno de ellos tienen una apreciación al respecto, sobre todo porque esa propuesta va a tener un tema inminente para algunos magistrados que ya van a estar en el supuesto de ser evaluados”.
Consideró que la Mesa para la Reforma del Estado puede ser el espacio para generar el debate sobre la iniciativa de ley para reglamentar la designación de magistrados, sobre la base de los criterios emitidos por los juzgados federales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los que, reiteradamente, se ha señalado que el Congreso ha invadido la autonomía e independencia judicial en procesos de designación anteriores.
Recalcó que establecer parámetros claros es la clave para evitar la judicialización de los nombramientos, pero primero “se requiere consensar, se requiere debatir, se requiere discutir esa propuesta, para que en el margen de la división de poderes, que ha sido el parámetro de discusión sobre el cual se han orientado los juicios de amparo, no se vea trasgredido (sic) y para que el Congreso del estado al determinar a qué magistrado evalúe satisfactoriamente y cuál no, no lleve implícito no sólo la trasgresión de los derechos fundamentales del magistrado, sino que impacte en la autonomía e independencia de un poder distinto”.
