De acuerdo con el expediente 423/2010, el Juzgado Tercero de Distrito otorgó un amparo para efectos que ordena a la Subprocuraduría Metropolitana de la PGJ emitir un nuevo acto.

Es decir, que anule la determinación del no ejercicio de la acción penal en contra de Germán Castañón Galaviz, ex secretario de Gobierno y actual líder estatal del PAN; Francisco Javier García Castellá, ex director de Transportes; y Víctor Manuel Mata Alarcón, líder de la Unión de la Clase Trabajadores , como probables responsables de los delitos de falsificación de documentos, uso de documento falso y encubrimiento por favorecimiento, tras expedir y recibir concesiones en condiciones presuntamente ilegales, y “emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado”

Esto significa que la PGJ deberá emitir una nueva resolución a favor o no del ejercicio de la acción penal en contra de los señalados como responsables y justificar su determinación con argumentos jurídicos y pruebas.

El 15 de febrero de este año, la PGJ determinó el no ejercicio de la acción penal contra los imputados y entonces el líder transportista, Enrique Rodríguez Zagal consideró que la decisión de la procuraduría fue carente de todo sustento legal, al establecer que en la indagatoria número SC/4ª/5933/2005-08 aplicó la prescripción de la acción penal.

El líder transportistas expuso ante las autoridades federales que hubo protección hacia los ex servidores públicos y que los delitos por los cuales se les inculpa aún no han preescrito, sin embargo, hay una consigna oficial de hacer lo posible para exculparlos de sus responsabilidades.

Incluso, el mes de junio del Tribunal Contenciosos sobreseyó varios juicios promovidos por la Uclat, cuyo principal argumento fue que las concesiones no eran legales ni susceptibles de regularización porque no hubo un decreto de renovación expedido por el titular del Poder Ejecutivo que le diera validez a las concesiones.