El fiscal especializado en Hechos de Corrupción, Juan Salazar Núñez, comparecerá –la próxima semana– ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado para que rinda cuentas, a más de un año de haber sido designado en el cargo.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios iniciarán una revisión del trabajo que ha realizado a la fecha el Sistema Estatal Anticorrupción, así como los órganos que lo integran, como la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, la Entidad de Auditoría y Fiscalización y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Con base en lo anterior, la Junta Política y de Gobierno determinará si anula los nombramientos hechos por la pasada legislatura para la integración de dicho Sistema Anticorrupción.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alaniz Romero, afirmó que el fiscal Juan Salazar deberá explicar a los diputados por qué no se han tenido resultados del trabajo de la dependencia a su cargo, además del uso de los recursos que este año el Poder Ejecutivo le entregó para su desarrollo.

"Sabemos que en Veracruz y Chihuahua ya hubo cambios en los nombramientos que se dieron previos a que saliera el Sistema Nacional y esto derivó también que en la misma ley, en sus artículos transitorios y la misma Suprema (Corte), manifestaran que no tenían validez los nombramientos. Estamos viendo si en Morelos aplica porque ya llevan más de un año en sus funciones y yo, más que el Comité de Participación, creo que el fiscal podría ser más susceptible de un cambio", aseveró.

Por su parte, el  coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal), Francisco Santillán Arredondo, consideró que es necesario que se aplique la misma lógica jurídica para todos los nombramientos que se hicieron el año pasado y el Congreso local reponga los procesos.

"Mi lógica jurídica marca que con la resolución de la Suprema Corte, todo el sistema carece de validez", manifestó.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción solicitaron, de manera formal, una reunión con los integrantes de la Junta Política y de Gobierno para que escuchen su postura sobre la armonización jurídica que debe hacer el Congreso del estado para la integración del Sistema Anticorrupción, incluido la posibilidad de dejar sin efecto sus nombramientos.