Cuernavaca, Morelos.- El encargado de despacho de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, José de Jesús Guízar Nájera, dijo que es imposible cumplir con la sentencia definitiva que emitió el juez federal que ordenó restituir la concesión a la empresa Promotora Ambiental Sociedad Anónima (PASA), porque hay un acuerdo de cabildo que dejó sin efectos ese contrato.
El funcionario municipal explicó que en su momento se le notificó a PASA que hubo un acuerdo que invalidó su contrato. “Ellos al estar notificados de esto, lo recurren y se fueron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo alegando que no tenía fundamento legal, y estamos en espera de que se resuelva primero esta situación del Contencioso Administrativo”.
Cuestionado si un acuerdo de cabildo está por encima de una orden de un juzgado federal, respondió: “No es que sea por encima, sino que en su momento ellos recurrieron ese acuerdo y se está debatiendo, estamos en diversas etapas procesales y se respeta la instrucción judicial, y tenemos medios procesales jurídicos para hacer valer y el Ayuntamiento los hará válidos”.
José de Jesús Guízar Nájera manifestó que por el momento la empresa PASA no regresará a dar el servicio de limpia y tampoco se le pagará, en tanto el Contencioso Administrativo no resuelva, y dijo que el Ayuntamiento de Cuernavaca está tranquilo, porque “no hay riesgo de destitución, para nada”.
A pregunta expresa sobre que el abogado de PASA, Guillermo Pasquel, dijo que esa resolución era definitiva y no había otra instancia a la cual recurrir y que este martes era el plazo para que PASA regresara de manera voluntaria, contestó: “Eso no es verdad, yo respeto lo que dice el abogado, es prestigioso, pero el Ayuntamiento tiene diferentes medios para hacer valer y los vamos a hacer valer. Por el momento no regresa y tampoco se le pagará en este momento, necesita recurrir a otros mecanismos para podernos requerir el pago”, reiteró.
Por último, declaró que la empresa recolectora de residuos sólidos no puede utilizar la fuerza pública, “porque para eso hay etapas y no estamos notificados, son medidas de apremio, no hemos incumplido ninguna instrucción judicial, por lo tanto esa es mera opinión jurídica que respeto”.
