Xochitepec, Morelos.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos informó que hoy iniciará la campaña de canje de armas en Xochitepec, pero lamentó que en otros municipios no será posible debido a la falta de recursos que enfrentan los ayuntamientos. Por otro lado, dicha instancia retó a funcionarios de todos los niveles a presentar su declaración "tres de tres", ante la serie de acusaciones que han surgido en cuanto a corrupción.

En conferencia de prensa, representantes de agrupaciones civiles de dicho Consejo dieron a conocer la apertura en un nuevo esquema de participación, con denuncias de irregularidades o problemas que existen en la vía pública y que inciden de una u otra forma en la seguridad. Proyectaron un video a través del cual se observa cómo la población puede convertirse en un agente de denuncia y presión a autoridades estatales o municipales en problemas tales como la falta de alumbrado en zonas de alta incidencia de asaltos, por ejemplo.

De igual forma en dicho encuentro con representantes de medios de comunicación, el Consejo hizo público un pronunciamiento en el que expone: "Teniendo como base la problemática que se vive en Morelos, en donde existen lamentables ejemplos de corrupción, malversación de fondos, abusos de autoridad, obstrucción de la justicia, utilización ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y sobre todo la impunidad debido al tráfico de influencias… es necesaria y urgente la aplicación de políticas públicas, para construir un nuevo sistema de responsabilidades administrativas y penales, que signifiquen un contrapeso, para evitar este tipo de conductas".

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos, Rafael Rueda Moncalián, dijo que se llamará a todos los actores políticos a firmar una carta compromiso (como se hizo hace unos meses) para que den seguimiento a las propuestas de legislar en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas que incluya la declaración conocida como "Ley 3de3". Ésta incluye no sólo las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, sino también la declaración de conflicto de intereses y la fiscal.

De esta manera, explicó (aunque no pasó la reforma como se propuso en el Congreso de la Unión) que quedaría expuesto con qué dinero llegan los funcionarios, cuánto ganan, qué propiedades tienen ellos y las personas cercanas (para evitar prestanombres), y verificar que esos recursos que declaran son reales y pagan impuestos por ellos.

"Nos indigna cuántas acusaciones de malversación de dinero, contrataciones y pago de candidatos, luego de gastos de funcionarios, y un sinfín de señalamientos que a final de cuentas quedan en acusaciones, pero prevalece la impunidad", expresó el también líder empresarial, al hacer referencia a conflictos como los que hay en Cuernavaca, en el gobierno estatal y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en diferentes ayuntamientos, entre otros.

En otro orden de ideas, Rueda Moncalián adelantó que este jueves se llevará a cabo el canje de armas en el municipio de Xochitepec, uno de los pocos que aceptaron participar en este esquema que permite eliminar o abatir el uso de armamento.

Comentó que, infortunadamente, este año no fue posible llevar a cabo el plan de canje en todos los municipios porque los ayuntamientos enfrentan déficit económico muy grande y no cuentan con recursos para apoyar la entrega de recursos económicos para el programa.

"Esta situación se ha vivido todos los años. En el primer año, el gobierno estatal aportó un millón de pesos; en su momento el alcalde de Cuernavaca de entonces, Jorge Morales Barud, apoyó con 50 mil pesos. Pero ahora, en la reciente reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se presentó la propuesta y varios alcaldes alzaron la mano, expresaron su voluntad, pero llevo más de cuatro meses correteando a los alcaldes", expuso.

Dijo que en cuatro años llevan 436 armas canjeadas y destruidas en el estado, 181 registradas, 197 granadas y 20 mil 405 cartuchos entregados, con una inversión de un millón 723 mil pesos, la mayor parte de fondos del estado.

"Vemos en este caso otro problema: que los ayuntamientos están muy endeudados y no entran al programa con recursos. En los municipios también vemos que hay corrupción porque entran incluso concejales o alcaldes y otros funcionarios que en tres años, hacen fortunas que uno no hace en 30 años. Ahí volvemos a la necesidad de las reformas legales para sancionar esos actos", añadió.