Por unanimidad, el Pleno del Congreso del estado aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionó un capítulo VI denominado Turismo Sexual y el artículo 162 Bis, dentro del título séptimo denominado: “Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual”, del Código Penal para el Estado de Morelos.

En el dictamen, emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, se explica que datos recientes reflejan que la explotación sexual y comercial de menores de edad ha crecido de manera alarmante en estados como la Ciudad de México y Guerrero. Sin embargo, Morelos no está exento a dicha situación, pues según información de la misma Fiscalía General de Morelos, la explotación sexual se ha incrementado, principalmente en la zona oriente de la entidad.

“Por lo que respecta a Morelos, las autoridades de la Fiscalía General del Estado han incrementado su actividad de investigación en diversos municipios, entre ellos Yautepec, Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec y Axochiapan, como corredor en donde la trata de personas es una práctica desde hace algunos años”, según señala el decreto aprobado.

Y aunque se reconoce que no se tienen cifras oficiales, el diputado iniciador de la reforma, el panista Carlos Alaniz Romero, aseguró que se trata de un problema grave que debe atenderse por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, mediante una normatividad establecida.

Por lo anterior, el Congreso reformó el Código Penal para establecer lo siguiente: “Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio, a que una o más personas viajen al interior o exterior del Estado de Morelos, con la finalidad de que realice o presencie cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste”.

Al responsable de la comisión del delito de turismo sexual se le impondrá de cinco a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, según el decreto.

El dictamen fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.