De acuerdo con los datos recabados, hasta el mes de julio el TSJ tenía un adeudo de por los menos 18 millones de pesos y por lo cual la nueva administración solicitó una ampliación presupuestal al Poder Ejecutivo para hacer frente a sus obligaciones laborales.

Luego de que el pasado 1 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión que impedía entrar en funciones a seis magistrados y un consejero de la Judicatura designados, en el engrose de la resolución el Alto Tribunal dejó claro que estaban a salvo los derechos laborales de los siete funcionarios, y por lo tanto el TSJ debía de pagarles los emolumentos y prestaciones que no recibieron durante un año, como consecuencia de la suspensión concedida con motivo de la controversia constitucional 66/2009, promovida por el otrora presidente del TSJ Ricardo Rosas Pérez que impugnó la constitucionalidad de los nombramientos.

Hasta el 2 de julio pasado, fecha en que entraron en funciones los magistrados Rubén Jasso Díaz, María Idalia Franco, Ángel Garduño, Norberto Calderón Ocampo, Guillermina Jiménez Serafín y Carlos Iván Arenas, el TSJ les adeuda casi un millón de pesos a cada uno; en tanto que al consejero de la Judicatura, Ernesto Pérez Soria se le adeuda medio millón de pesos, debido a que durante el periodo en que no estuvo en funciones se mantuvo vigente el acuerdo impulsado por Ricardo Rosas Pérez por el cual el Consejo de la Judicatura redujo de 77 mil 500 a 35 mil pesos el salario de los “futuros consejeros”.

Aunque el acuerdo recientemente fue revocado para subir el salario de Pérez Soria, se le tendrá que restituir por concepto de emolumentos y prestaciones alrededor de 450 mil pesos.

Incluso, uno de los rubros que se investiga en la auditoría que se practica a las finanzas del TSJ con motivo de la deposición de Ricardo Rosa Pérez, es precisamente en qué se gastó el presupuesto etiquetado para el pago de salarios de los seis magistrados y un consejero, pues aparentemente habría sido aplicado en el rubro de juicios orales. Sin embargo, será hasta las conclusiones de la auditoría cuando haya datos precisos.

Otro adeudo que enfrenta el TSJ es el pago de las pensiones a los magistrados jubilados, a quienes se les debe el pago de prestaciones correspondientes al año 2009, así como el pago de sus pensiones –equivalentes al 100 por ciento del salario que ganaban en funciones- del primer semestre de 2010 y las cuales deben incluir un incremento de 4.85 por ciento, correspondiente al aumento del salario mínimo aprobado para este año.

En el caso de los juzgadores retirados, según dijo Rosas Pérez meses atrás, las pensiones no fueron contempladas por el Congreso en el presupuesto del TSJ, razón por lo cual en el 2009 se solicitó una ampliación presupuestal para cubrir parte de las pensiones y en el 2010 de plano el tribunal no contaba con recursos para hacer los pagos.

Por esta razón, al menos tres magistrados retirados promovieron juicios de amparo que les fueron favorables y que obligan al TSJ a pagarles sus pensiones.

También la institución tiene pendiente desde el mes de enero la negociación salarial con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, y para lo cual requiere de por los menos entre seis y ocho millones de pesos para ofrecer por lo menos un cinco por ciento de aumento a los empleados de base.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, reconoció que la institución arrastra un pasivo en su gasto corriente de alrededor de 18 millones de pesos, y para hacer frente a sus obligaciones laborales ha solicitado al Poder Ejecutivo la ampliación presupuestal que aún está en trámite.