En la sesión de ayer del pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la magistrada Popoca González solicitó ser excusada para no participar en la discusión y retirarse del salón de pleno, no sin antes manifestar que ella no incurrió en irregularidades.

Además, exigió que a su caso se le dé un trato justo y legal, pues en caso de que se le intenten fincar supuestas responsabilidades, estará en su derecho de ejercer los medios de defensa correspondientes.

Los magistrados que recientemente se incorporaron a sus funciones (tras la revocación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una suspensión que se los impedía), también se excusaron de participar en la comisión para analizar el caso de la magistrada, en virtud de que ellos promovieron una querella ante la Procuraduría General de la República contra Popoca González y otros magistrados, por haber presuntamente incurrido en violaciones a la Constitución y la Ley de Amparo al haber apoyado la reelección forzosa de Ricardo Rosas Pérez, quien finalmente fue depuesto por una resolución del Alto Tribunal.

Ante ello, los magistrados aprobaron la integración de una comisión especial, que se encargará de analizar si el pleno es competente o no para conocer de la queja, y en su caso determinar si están o no fundados los agravios del afectado e iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidades.

La comisión la integrarán los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Verónica Cuevas López y Leticia Taboada. La proyección es que en los próximos dos o tres meses esté listo el proyecto sobre el caso de la magistrada y sea sometido a consideración del pleno.

Proyecto extraviado

Durante la discusión del caso de la magistrada, salió a relucir el “extravío” del informe de la comisión formada hace más de un año, para investigar la ilegalidad en que supuestamente habría incurrido la magistrada Popoca al ostentar el cargo de magistrada consejera a pesar de que ya había concluido su periodo, según las reforma constitucional en materia judicial que establecía que los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura sólo durarían seis años en el cargo a partir de su primera designación.

Un primer informe, rendido por el entonces magistrado Miguel Ángel Falcón apuntaba que el periodo de su homóloga en el Consejo de la Judicatura había concluido, pero el documento fue rechazado por el pleno por presunta falta de argumentación.

En la misma sesión, la magistrada Nadia Luz Lara Chávez subrayó que en su momento ella entregó otro informe al otrora presidente Ricardo Rosas Pérez. Sin embargo, no se sabe el destino y el contenido.