Tlaquiltenango, Morelos.- El Cabildo de Tlaquiltenango demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la invalidez del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil, que faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) decretar la destitución del alcalde, los regidores y los tesoreros municipales cuando incumplan con la ejecución de laudos.
El ayuntamiento, a través de la síndico municipal, Yasmín Velázquez Flores, promovió hace unos días la controversia constitucional 56/2016 ante la SCJN, luego de que el pasado 27 de mayo el tribunal laboral le notificó el acuerdo por el cual el 18 de abril ordenó la destitución del presidente municipal, Enrique Alonso Plascencia, y el resto de los seis integrantes del Cabildo.
En caso de incumplirse la orden de destitución, el TECA advirtió al Cabildo que procederá penalmente contra el edil y los regidores por usurpar funciones públicas, con base en lo estipulado en el artículo 295 del Código Penal de Morelos, y además promoverá la declaración de desaparición del ayuntamiento con todos sus efectos y consecuencias.
Por tal razón, el Cabildo de Tlaquiltenango demandó la invalidez de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece que: “las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán (…) con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje”.
Entre los argumentos, los afectados alegaron que el TECA invade competencias del Congreso local respecto a la hipótesis de la desaparición del ayuntamiento. La controversia constitucional fue admitida a trámite y se espera que en los próximos días la SCJN determine sobre su admisión o no y si procede conceder alguna medida cautelar.
Al menos una docena de ayuntamientos se encuentran en vilo ante la incapacidad financiera o la falta de voluntad para cumplir con laudos u órdenes judiciales. Algunos alcaldes como el caso de Cuautla y Jojutla se mantienen en el cargo por suspensiones concedidas por la justicia federal, dentro de los juicios de amparo promovidos para evitar la ejecución de las órdenes de destitución.
