Además, solicitó regular las cerrajerías y empresas de instalación de puertas eléctricas, cuyos trabajadores o directivos tienen acceso a los instrumentos y claves para abrir los portones, lo cual pone también en situación de riesgo a los usuarios de estos servicios.

En rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, Alejandro Dorantes Rodríguez afirmó que en Morelos sólo 63 compañías de seguridad están completamente reguladas y emplean alrededor de cuatro mil agentes de seguridad, que son sometidos periódicamente a exámenes de control de confianza.

Sin embargo, dijo que en la entidad operan más de 100 empresas de seguridad irregulares que emplean a más 14 mil elementos, que no cumplen con los requisitos mínimos para desempeñar tareas de vigilancia y custodia, ni son sometidos a evaluaciones de control de confianza.

Explicó que de estas 100, alrededor de 40 empresas prestan el servicio de seguridad privada supuestamente con un permiso federal, y más de 60 operan sin ningún tipo de autorización, lo cual pone en riesgo a los habitantes de fraccionamientos y zonas residenciales, trabajadores y ejecutivos de industrias o corporativos que contratan los servicios de estas “compañías piratas”, en virtud de que no hay ningún certeza de los antecedentes de los “agentes” de seguridad privada si cuentan con capacitación para labores de guardia.

Dijo que la asociación propone modificar el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada del Estado de Morelos para forzar a que las empresas de seguridad foráneas, que operan supuestamente con un permiso federal, están obligadas a someterse a la normatividad local y se incorpore la regulación a cerrajerías y empresas de instalación de puertas y cercas eléctricas, porque también prestan un servicio que es fundamental o auxiliar en las tareas de seguridad.

No obstante, exigió a la Secretaría de Seguridad Pública que ejerza las facultades que le confiere la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada del Estado de Morelos, para imponer sanciones, que van de mil a dos mil salarios mínimos, a las empresas de seguridad privada que operan sin ninguna autorización y obligarlas a cumplir con la normatividad.

“Porque estas empresas no sólo son un riesgo para quienes las contratan sino que representan una competencia desleal”, afirmó.