El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) deberá informar al Congreso del estado del número de conflictos laborales que enfrentan los 33 municipios y del actuar de su personal para desahogar estos asuntos, afirmó el diputado José Manuel Tablas Pimentel, quien acusó a trabajadores de este órgano de actuar de manera "negligente" en el desahogo de los procesos laborales.
El presidente de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal dijo que se pedirá al TECA un informe detallado de los conflictos laborales que enfrentan los municipios y en específico en el Ayuntamiento de Jonacatepec, que no ha podido finiquitar a más de 150 trabajadores por supuestas irregularidades en el proceso administrativo que llevó a cabo el tribunal para convenir la baja de este personal.
En la sesión ordinaria pasada, el legislador local presentaría un punto de acuerdo para citar a comparecer a la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, y por falta de acuerdos, decidió retirarlo y señaló que Jonacatepec no es el único caso en donde el TECA no sólo ha provocado retraso en la solución del conflicto laboral, sino que ha causado que el gasto financiero para el Ayuntamiento sea mayor.
"Se pretende no sólo llamar la atención de quienes son los responsables de la política laboral en el estado, puesto que no se advierten acciones de consistencia que nos lleven a concluir que se trabaja y avanza en un sistema eficaz y eficiente de prevención de conflictos laborales y a ello sumamos la negligencia, error o, en su caso, presumible dolo del personal que se entiende es especializado en el tema laboral. Es obvio que estamos caminando hacia un mayor número de déficit en materia económica para atender los requerimientos de cada municipio, para solucionar sus conflictos laborales", aseveró el legislador local.
Por lo anterior, dijo que insistirá en la comparecencia de la secretaria del ramo, así como a las autoridades del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que informen de los conflictos laborales en los municipios y lo que representa económicamente para éstos, los procesos jurídicos que siguen vigentes.
