El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, llamó a los operadores del sistema penal de justicia a cumplir con el debido proceso, para evitar que los delincuentes encuentren resquicios legales que les permitan evadir la justicia.

Señaló que en México existen casos paradigmáticos recientes que evidencian graves fallas en la procuración y administración de justicia, y que tiene un costo muy alto tanto para las víctimas como para la sociedad.

“Casos como los de Florence Cassez (ciudadana francesa acusada de secuestro y liberada por violación a sus derechos procesales) y el de Silvia Vargas Escalera (joven secuestrada y asesinada), deben ser ilustrativos, pedagógicos, y nos deben de enseñar para que no ocurran en el estado de Morelos, y a su vez pongamos mucho mayor atención en el quehacer  de las autoridades encargadas de la prevención del delito, la procuración y administración de justicia”, dijo.

Lamentó que en el caso de Silvia, hija del ex director de la Conade, Nelson Vargas, uno de los secuestradores y homicidas de la joven haya sido liberado como consecuencia de la violación a sus derechos procesales.

Detalló que la semana pasada, el imputado, Isidro Solís Medina, fue amparado por la justicia federal en el Estado de México, porque durante el proceso penal se realizaron diligencias sin asistencia de su abogado defensor y, debido la transgresión de las formalidades esenciales del procedimiento, finalmente obtuvo su excarcelación aun cuando existen víctimas que lo reconocen como su secuestrador.

Por casos como este, subrayó, “en el estado de Morelos no podemos permitir que esto ocurra, demos valor como nunca antes a la importancia del debido proceso legal y que podamos vigilar de cerca las actuaciones de las autoridades, desde el momento mismo en que se hace la detención, cuando se integran las carpetas de investigación y, desde luego, en las diligencias judiciales, es decir, durante el juicio.

“Esto con la finalidad de evitar que las autoridades omitan realizar sus actuaciones con las formalidades que la ley exige, y que estas omisiones puedan traer consecuencias jurídicas de imposible reparación para las víctimas de un delito”.