El Consejo de la Judicatura se integra por cinco miembros, sin embargo, en este momento sólo se encuentran en funciones tres. Antonio Tallabs Ortega, quien funge como consejero representante del Poder Ejecutivo desde mayo de 2008, es el único que tiene su declaración patrimonial.

El consejero presidente Miguel Ángel Falcón no tiene su declaración patrimonial a la vista como titular del Consejo, pero si está disponible en su versión pública en apartado de magistrados.

Sin embargo, aún cuando el nombre de Ernesto Pérez Soria ya aparece en el portal de internet como consejero representante del Poder Legislativo, su declaración patrimonial no está disponible en su versión pública como información pública de oficio.

Oficialmente, Pérez Soria entró en funciones el pasado 5 de julio, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión que a él y a seis magistrados les impedía ejercer el cargo, como consecuencia de la controversia constitucional 66/2009 promovida por el otrora presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez.

De acuerdo con la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Patrimoniales la declaración patrimonial está clasificada como información pública de oficio.

Web de TSJ no está actualizada

De igual forma, la página de internet del Tribunal Superior de Justicia no está actualizada y carece de información que a estas fechas debería estar disponible como información pública de oficio.

Luego de revisar el sitio web oficial, se pudo observar que todavía no están los nombres de los seis magistrados que entraron en funciones desde 2 de julio, ni sus declaraciones patrimoniales ni sus currículum vitae.

Incluso, en el apartado de transparencia aún aparece el nombre de Ricardo Rosas Pérez con el cargo de magistrado presidente, aún cuando dejó de ser funcionario judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó el amparo para mantenerse como magistrado hasta cumplidos los 70 años.

Cabe destacar, que la ley de transparencia obliga al TSJ y más de cien dependencias estatales y municipales, organismos autónomos, descentralizados y paramunicipales a cumplir con la difusión de la información clasificada como pública de oficio en sus portales de internet como las declaraciones patrimoniales, currículum vitae, salarios y compensaciones.