La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Hortencia Figueroa Peralta, aseguró que antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones (el próximo 15 de julio), se impulsará el plan de rescate financiero a favor de los municipios, para evitar que los alcaldes sean destituidos a consecuencia de laudos no pagados.

La legisladora perredista informó que por el momento se trabaja en dicho proyecto, que plantea la posibilidad de que el Poder Ejecutivo entregue recursos a modo de créditos a los gobiernos municipales, para que se paguen las demandas laborales a través de otra instancia que pudiera ser un fideicomiso.

Sin embargo, insistió en que no se ha concretado nada, ya que aún se acuerda el esquema en que se trabajará con el gobierno del estado, Congreso y los ayuntamientos.

"Se tiene que integrar un esquema, no para hacer llegar los recursos a los municipios, sino para que se genere una instancia que le dé atención de manera objetiva a esos expedientes en donde existen el riesgo de destitución, para que se dé el pago puntual y para que se dé también la permanencia en sus cargos de quienes mediante un proceso democrático hoy están al frente de los ayuntamientos. Pero todavía no se ha definido cuál es la vía para obtener esos recursos de manera adicional", declaró.

En este sentido, la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que existe el compromiso de avanzar en este plan antes del 15 de julio próximo, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones.

"Se trata de un esquema que tiene que ver con una responsabilidad de estado, no tiene que ver con qué ayuntamiento es o qué partido lo gobierna, sino entender que los ayuntamientos deben contar con el apoyo del Congreso y del Ejecutivo", agregó.

En tanto, aseveró, los presidentes municipales deberán asumir su responsabilidad y negociar con los ex trabajadores para resolver las demandas y evitar un proceso de destitución.

Según la Secretaría del Trabajo, actualmente existen 800 demandas laborales radicadas en los últimos cuatro meses, por falta de una negociación para su liquidación.