La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso local, requirió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura, reintegrar de su bolsillo casi 800 mil pesos que fueron pagados indebidamente como aguinaldo a magistrados a quienes, por reformas legales, ya no les correspondía recibir esa prestación.
De acuerdo con la copia de un documento oficial entregada a La Unión de Morelos, el órgano fiscalizador habría detectado el presunto pago irregular de aguinaldos a los magistrados Carmen Aquino Celis y Jorge Gamboa Olea, así como al magistrado Ángel Garduño.
Con la reforma al artículo 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, se estableció que sólo los trabajadores tenían derecho al aguinaldo, y “quedan excluidos para gozar de esta prerrogativa de Ley, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia”, entre otros altos funcionarios de los tres Poderes del Estado y municipios.
Aquino Celis y Gamboa Olea fueron nombrados por el Congreso como magistrados numerarios en junio 2014, y en diciembre de ese año (ya con la reforma en vigor) recibieron tres meses de aguinaldo cuando ya no les correspondía recibir ni siquiera una parte proporcional.
Según el documento, a Aquino Celis el Consejo de la Judicatura le autorizó el pago de tres meses de aguinaldo por un monto de 288 mil 883 pesos con 52 centavos, y a Gamboa Olea de 219 mil 292 pesos con 34 centavos.
Por cuanto al caso del magistrado Ángel Garduño González, no precisa el motivo de la irregularidad, puesto que él entró en funciones en julio de 2009, y aparentemente él podía recibir esta prerrogativa como el resto de sus homólogos designados antes de la vigencia de la reforma al Ley del Servicio Civil.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, en lugar de Garduño González debía anotarse a la representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Guillermina Jiménez Serafín, quien en junio de 2014 solicitó licencia al cargo de magistrada numeraria para ocupar su cargo actual.
Como resultado de la revisión del manejo del presupuesto correspondiente al año 2014, la entidad fiscalizadora consideró como “gasto improcedente” el pago de aguinaldos a estos magistrados y realizó una observación resarcitoria de un total de 796 mil 959 pesos con 38 centavos.
Por tal motivo, requirió a la magistrada presidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, a los integrantes del Consejo de la Judicatura que en el 2014 aprobaron el pago de los aguinaldos y al director General de Administración, Miguel Avilez Meraz, efectuar de su propio peculio el reintegro de los casi 800 mil pesos a la cuenta del Tribunal Superior de Justicia.
Cabe destacar que desde agosto de 2015, a través de una solicitud de información pública realizada por este medio a través del sistema Infomex-Morelos, se requirió al Consejo de la Judicatura el monto de salarios y aguinaldos recibidos por los magistrados desde el 2012 al 2015, así como el monto de deducciones y pago de impuestos, pero hasta la fecha no ha sido contestada y el IMIPE ha otorgado prórrogas que impiden la promoción de un recurso de revisión.
