Debido a los conflictos dentro del Congreso entre las fracciones parlamentarias y entre los diputados del PRI el trabajo legislativo quedó empantanado, y reformas relevantes, principalmente en materia penal, fueron ignoradas por los legisladores a pesar de su impacto social.

La propuesta de reforma del legislador de Nueva Alianza plantea modificar los artículos 121, fracción XXI, y 343 del Código de Procedimientos Penales para establecer explícitamente el derecho de la víctima u ofendido a no ser confrontado de manera directa con su agresor, con la finalidad de evitar su revictimización, salvaguardando su integridad física y psicológica mediante la utilización de la Cámara de Gesell en los casos en que los afectados o declarantes sean menores de edad, cuando se trate de delitos sexuales, contra la libertad, secuestro y delincuencia organizada, o los casos en los que el juzgador considere necesaria la protección.

Esta modificación a la legislación penal surgió de la presión ejercida por el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” y de la lección que un grupo de niños dio a los diputados al ofrecer sus modestos ahorros para la adquisición e instalación de una Cámara de Gesell en por lo menos una de las salas de juicios orales.

Desde finales de junio existía la esperanza de que la reforma fuese aprobada antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones; sin embargo, por diversos conflictos al interior del Poder Legislativo el proyecto fue congelado al igual que otros pendientes que probablemente serán tratados para el inicio del siguiente periodo de sesiones.