Mujeres víctimas de la violencia y del delito reclamaron a la Fiscalía General del Estado su indiferencia y negligencia en la atención de sus casos, ya que no se les proporcionó el apoyo necesario y sus carpetas de investigación fueron congeladas, beneficiando así a los responsables o agresores.

La actriz Elizabeth Dupeyrón acudió ayer a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) a presentar una queja contra la Fiscalía General del Estado, ya que ésta omitió llevar a cabo las investigaciones del deceso de su hijo Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, quien presuntamente murió por envenenamiento en una casa en Tepoztlán, durante un retiro de sanación espiritual.

El joven de 39 años falleció el 15 de febrero de 2015, luego de que presuntamente los “sanadores” le dieron un brebaje con hierbas, pese a su condición de diabético, y en lugar de llevarlo a un hospital lo dejaron agonizar.

Según la actriz, su hijo fue llevado al centro de salud de Tepoztlán ya sin signos vitales, y posteriormente el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, donde se omitió toda investigación, no hubo preguntas sobre los hechos, ni hubo detenidos, aún ante las dudas sobre la causa de la muerte.

En completo shock ella rogó ver el cuerpo del joven y en medio de la conmoción un familiar habría firmado la dispensa de la necropsia de ley para la entrega del cuerpo. La actriz reclamó que pese al dolor de la familia, la fiscalía tenía la obligación de indagar qué sucedió con su hijo ante la presunción de homicidio y deslindar responsabilidades, pero eso no ocurrió.

Por tal razón, acudió a la CDHEM a iniciar la queja 236/2016-3 por la dilación en la procuración de justicia e irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.

También, ayer frente a la ofrenda dedicada a las víctimas instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, Antonia Montenegro Villa reclamó que la FGE congeló la investigación del homicidio de su hermano Ramón y el gobierno del estado omitió apoyarlos para acceder a la reparación del daño a través del Fideicomiso de Atención a Víctimas.

Recordó que el 18 de abril de 2013, su hermano, de profesión albañil, viajaba en una unidad de transporte público, cuando un delincuente intentó asaltar a los usuarios y apuñaló a Ramón, quien perdió la vida.

“Ya van a ser tres años y la fiscalía no ha agarrado al delincuente, ni avanzan las investigaciones. No hay, como dicen, justicia para los pobres porque no tenemos dinero, pues nuestro caso está ahí arrumbado o a lo mejor ya no existe”, afirmó.

Dijo que pidieron ayuda a Nadxieelli Carranco Lechuga, secretaria técnica del Consejo de Atención a Víctimas, pero sólo les dio largas. Por ello, señaló que tuvo que visibilizar su caso para buscar el camino para que la familia obtenga un apoyo como reparación del daño, ya que sus padres son adultos mayores y dependían económicamente de su hermano.

También la abogada litigante Janette Marisol Leyva Peralta se atrevió a denunciar públicamente la insensibilidad de la FGE para atender su denuncia por violencia familiar y la sustracción de sus dos hijas por parte de su ex pareja.

Narró que el 27 de marzo de 2015, después de salir a trabajar y retornar a su domicilio, su pareja Héctor Guerrero Ramírez no le permitió el ingreso a su domicilio, ni ver más a sus dos hijas, una de seis meses y otra de año y medio.

Explicó que a pesar de la complicada situación económica, su pareja, por celos, quería obligarla a abandonar su trabajo y como ella se negó, él tomó represalias.

Detalló que desde que inició su denuncia formal, la fiscalía no le dio atención psicológica ni jurídica, pues a pesar de ser abogada, en ese momento se encontraba conmocionada y preocupada por la seguridad de sus hijas.

La fiscalía, dijo, tampoco ordenó las debidas medidas de protección que se deben de brindar a una mujer en casos de violencia para poder ingresar al domicilio conyugal para recuperar a sus hijas y sus pertenencias.

Expresó que desde entonces enfrenta constantemente obstáculos por parte de la fiscalía y pese a que un juez dictaminó a su favor la custodia provisional de sus hijas, su ex pareja huyó con las niñas y hasta ahora no se ha iniciado la búsqueda con base en la resolución judicial y la carpeta de investigación que inició por sustracción de menores.

“A lo largo de todo este tiempo no las han buscado porque siempre me han referido que ellas están con su padre y que no corren peligro. Y yo he tenido que pasar momentos realmente muy desagradables, porque no he visto a mis hijas en todo el año. Él no me ha permitido la convivencia con ellas y no sé ni siquiera como se encuentran”.

Sostuvo que “el trato del Ministerio Público ha sido muy deshumanizado, porque de igual forma ellos me han referido que realmente no tienen ellos un delito que perseguir, debido a que él es el padre de las niñas y tiene tantos derechos él como yo, pero no les ha importado lo que yo he tenido que padecer por no ver a mis hijas”.

Agregó que la fiscalía también le negó lanzar una alerta Amber para localizar a sus hijas, con el pretexto de que no corren peligro por estar con su padre, aun cuando presentó pruebas de que el hombre es violento.