Maestros de Fracciones Democráticas (FD), junto con otras organizaciones, dieron a conocer la creación de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, con el fin de defender las garantías constitucionales de diferentes individuos y grupos sociales. Su primera acción será brindar apoyo legal a los 12 maestros que –según las autoridades educativas– serían despedidos por no presentarse a la evaluación educativa.
Oscar Engels Miranda Avilés, vocero del Consejo Central de Lucha Magisterial y de FD, dijo que además de las agrupaciones del gremio estarán en esta comisión organizaciones tales como la Coordinación de Grupos Culturales Indígenas y Populares, la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado, el Centro Cultural Chamilpan, Zapata Vive, Corporativo Jurídico Especializado y Por la Educación y la Justicia Social.
El objetivo es coadyuvar en la solución de la problemática de constantes violaciones a derechos humanos en Morelos.
Dijo que el colectivo comenzará con dos recomendaciones y la orientación a los profesores que –según las autoridades– serán despedidos por no haberse presentado a la evaluación educativa, y que supuestamente suman 12 en la entidad.
Recordó que el 29 de febrero se darán a conocer los resultados de dicho proceso de mil 600 docentes que fueron convocados para esta convocatoria.
Afirmó que “esas 12 personas no deben ser despedidas; en todo caso, serían despedidos políticos porque en el momento en que se generó la reforma hubo una resistencia política y social que generó manifestaciones y puntos de vista de personajes académicos. Los 12 compañeros, por ejercer su derecho a manifestarse, decidieron no participar en los exámenes. Por lo tanto, los pone en esa condición”.
El colectivo buscará estrategias legales para dar a ese grupo de docentes herramientas jurídicas que impidan el despido y no dejar a cuando menos 12 familias sin sustento.
Engels Miranda advirtió que esos despidos detonarán en mayor medida la inconformidad social.
La segunda queja que dio a conocer está relacionada con la falta de transparencia en la aplicación de los recursos de educación, porque no se conoce cuáles son las plazas vacantes, en qué escuela están, cómo se convoca y a quiénes, entre otros datos que tendrían que ser públicos y puestos a la vista en los portales de internet oficiales.
Informó que la nueva comisión ya solicitó de manera formal la intervención del Imipe y de legisladores de la comisión de educación del Congreso local.
