Actualmente el cabildo de Cuernavaca anunció que en su próxima sesión evaluará si mantiene o retira la citada concesión.
De acuerdo a información publicada por La Unión de Morelos el 13, 14 y 15 de febrero de 2007, el proceso de privatización del servicio de limpia violó las leyes aplicables en la materia para crear las condiciones que permitieran asignar a una empresa específica la recolección y disposición de la basura que se genera en Cuernavaca.
Tal operación concluyó en un contrato valuado en 90 millones de pesos anuales, que la actual administración somete a revisión.
LA BASE DE TODO EL PROCESO
Una vez que La Unión de Morelos en su edición del 13 de febrero del 2007 señaló los errores legales cometidos en el proceso, especialmente el hecho de que la comisión encargada de la licitación empezara sus funciones antes de que tuviera fundamento legal, la administración municipal en turno trató de justificar las fallas en el proceso de licitación: "Primero, recordar que existe un decreto del Congreso el cual fue publicado en el periódico oficial 'Tierra y Libertad', sexta época número 4207 y uno de sus acuerdos, en específico el número cuatro dice: La Comisión Técnica Especializada se instalará al día siguiente de aquel en que se hubiese cumplido el plazo de recepción y venta de bases. Es decir, el que se haya instalado recientemente la Comisión no está fuera del orden constitucional, está mandatado (sic) en el Congreso y por eso actuamos en esos tiempos. Luego entonces eso es para informar puntualmente a la población, nuestro respeto y cumplimiento a la Ley no tanto por obligación, sino por auténtica convicción".
Tanto las actuaciones de la Comisión Técnica Especializada (CTE) del ayuntamiento de Cuernavaca, así como haber determinado que la empresa Centro de Análisis Estratégicos de la ciudad de Monterrey, sea la empresa que guiará a las autoridades municipales en el proceso de licitación de la basura, "son nulas de pleno derecho", ya que entró en funciones antes de que la ley se lo permitiera, declaró en su momento el ex presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, quien aseguró que el alcalde de Cuernavaca, Jesús Giles Sánchez y demás integrantes de la comisión, podrían haber incurrido hasta en responsabilidades penales, en caso de haber actuado en contra de lo que marca la ley, responsabilidades que finalmente nunca se exigieron.
Actualmente y en base al título de concesiones, el cabildo analiza la conveniencia de traspasar el servicio a otra empresa, ante lo cual PASA ha recurrido a un juzgado federal.
Actualmente, la empresa concesionaria opera un relleno sanitario que fue clausurado por la alcaldía a raíz de un incendio, así como el llamado “barrido manual” del primer cuadro de la ciudad.
