El fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, afirmó que espera un nuevo llamado del Congreso local para dar a conocer los avances en la investigación sobre la inhumación de más de un centenar de cuerpos en la fosa común de Tetelcingo.

Tras la creación oficial de la unidad especial para investigar el caso, el fiscal estatal informó que dos agentes del Ministerio Público, con apoyo de personal, policías y de apoyo, han integrado las averiguaciones previas y carpetas de investigación vinculadas a cada uno de los cuerpos inhumados en la fosa común, localizada en el panteón comunitario de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla.

Sostuvo que hay avances en la identificación de los cuerpos, pero serán los diputados los primeros en conocer el progreso en los trabajos de investigación.

“Quiero decirles que ya tenemos grandes avances, nada más estamos esperando que nos mande a citar el Congreso del estado, para darles a conocer los mismos”, dijo.

Sostuvo que la fiscalía estatal cuenta con el equipo y el personal para llevar a cabo la identificación de los 116 cuerpos inhumados en la fosa común de la fiscalía en Tetelcingo y para realizar las pruebas genéticas a los cuerpos recientemente localizados en fosas clandestinas.

Sobre el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, señaló que tienen varias líneas de investigación que se mantendrán bajo reserva, para no afectar las diligencias, y precisó que los cuerpos de los dos presuntos delincuentes abatidos por la Policía e implicados en el homicidio, ya fueron identificados y reclamados por sus familiares.

También indicó que el policía ministerial de Guerrero, Francisco Javier Gómez Hernández, cuya placa y arma de cargo fue localizada en uno de los vehículos para perpetrar el homicidio de Mota Ocampo, permanece en calidad de desaparecido, en vista que hasta ahora no se sabe qué le sucedió, tras haber sido presuntamente víctima de un secuestro.

Luego de que se supo de la inhumación de más de una centena de cadáveres en la fosa común de Tetelcingo, hubo sospechas de irregularidades y la exigencia de organizaciones y familiares de víctimas para la identificación de los cuerpos, ante la presunción de que quizá alguno pertenezca a personas desaparecidas.