Mediante el acuerdo 15/2015, publicado el pasado 30 de diciembre en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el fiscal estatal, Javier Pérez Durón, ordenó instaurar esta nueva unidad, que estará adscrita a la Fiscalía Regional Metropolitana y cuya responsabilidad será tanto “procurar la identidad de los cuerpos inhumados” en la fosa de Tetelcingo, como determinar si hubo irregularidades constitutivas de un delito por parte de algún servidor público y, en su caso, ejercer acción penal contra quien resulte responsable.

Según el documento, las averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con los cuerpos inhumados en la fosa común de la fiscalía, ubicada en el panteón municipal del poblado de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, serán remitidas a la brevedad a la Unidad de Investigación del Ministerio Público para iniciar con el proceso de identificación de los cadáveres.

El acuerdo establece que “las actuaciones del Ministerio Público se sujetarán a los principios de legalidad, imparcialidad, probidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, confidencialidad, lealtad, responsabilidad y transparencia”.

Y la unidad especial “brindará en todo momento la atención debida y el seguimiento en el proceso a los familiares de las víctimas que así lo requieran y sin discriminación alguna”.

La polémica de las fosas surgió con el caso de Oliver Wenceslao, comerciante que fue secuestrado el 24 de mayo del 2013, y días después fue encontrado sin vida en el paraje conocido como “Papagayos” en el municipio de Ayala.

Tras su plena identificación, a través de pruebas de ADN, su familia reclamó el cuerpo, pero la fiscalía solicitó el resguardo del cadáver de Oliver para abundar en las investigaciones y esclarecer el caso.

En diciembre de 2014 la familia reclamó nuevamente la entrega del cuerpo, pero su sorpresa fue que ya había sido enterrado, en marzo de ese año, junto con 148 cadáveres más, en una fosa común que fue habilitada por la fiscalía en un predio de Tetelcingo, de manera irregular, porque no tenía las autorizaciones, ni cumplía con la regulación sanitaria para el depósito de restos humanos.

Luego de que el caso salió a la luz pública, organizaciones civiles y no gubernamentales exigieron el esclarecimiento y la identificación de los cadáveres, ante la presunción de que algunos pudieran corresponder a personas desaparecidas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo la queja que originalmente se había promovido ante el organismo local. Incluso, todavía algunas organizaciones exigen que el caso salga de la fiscalía estatal y sea atraído por la Procuraduría General de la República para evitar más irregularidades, conflictos de intereses y posible encubrimiento.