Mientras que la Procuraduría General de Justicia determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de ex servidores públicos relacionados con la presunta expedición y regularización ilegal de 149 concesiones a la Unión de la Clase Trabajadores, Enrique Rodríguez Zagal, líder de la Confederación de Transportistas y Actividades Similares en el Estado de Morelos, promovió un juicio de amparo en contra de la decisión de la fiscalía estatal.
Rodríguez Zagal, detalló en su demanda de amparo, estableció que PGJ determinó el no ejercicio de la acción penal el pasado 15 de febrero de 2010, en contra de Germán Castañón Galaviz, ex secretario de Gobierno y actual líder estatal del PAN; Francisco Javier García Castellá, ex director de Transportes y Víctor Manuel Mata Alarcón, líder de la Unión de la Clase Trabajadores, como probables responsables de los delitos de falsificación de documentos, uso de documento falso y encubrimiento por favorecimiento, tras expedir y recibir concesiones en condiciones presuntamente ilegales.
Consideró que la decisión de la procuraduría es carente de todo sustento legal, al establecer que en la indagatoria número SC/4ª/5933/2005-08 – que Rodríguez Zagal promovió hace más de cuatro años- ha operado la prescripción de la acción penal.
El líder transportistas expuso ante las autoridades federales que hay protección hacia los ex servidores públicos y que los delitos por los cuales se les inculpa aún no han preescrito, sin embargo, hay una consigna oficial de hacer lo posible para exculparlos de sus responsabilidades.
