El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los poderes Ejecutivo y Legislativo por la negativa de suministrar al órgano jurisdiccional presupuesto suficiente para salarios y operatividad.
Previo al inicio del asueto decembrino, los cinco magistrados que integran el Pleno del TJA aprobaron la promoción del recurso constitucional por la omisión del gobierno estatal de otorgar una ampliación presupuestal durante el año 2015 de aproximadamente 28 millones de pesos, para cumplir con la reforma constitucional anticorrupción, que ordenó la homologación de los salarios de los magistrados y los trabajadores del órgano jurisdiccional administrativo con respecto a los del Tribunal Superior de Justicia.
Según el artículo transitorio Décimo Quinto de la reforma constitucional vigente desde el 12 de agosto pasado, “se instruye a los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa a realizar las adecuaciones necesarias a su presupuesto de egresos, en que se incluya la homologación de todas las prestaciones salariales de los Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo estatal sólo otorgó una partida adicional al TJA de un millón 300 mil pesos para absorber los salarios de dos nuevos magistrados, designados por la legislatura anterior.
En la recién aprobada Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2016, el Congreso local sólo etiquetó 16 millones como presupuesto para el TJA, el mismo que se le otorgó para 2105.
Al no tener ningún incremento en su presupuesto, y ante eventuales dificultades para operar por no disponer de los recursos para el funcionamiento óptimo del tribunal, el Pleno optó por recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe destacar que los trabajadores del TJA también recurrieron al juicio de amparo para reclamar la homologación de sus salarios.
