El Congreso del estado exhortó a los 33 alcaldes electos a iniciar una revisión de la nómina de cada ayuntamiento para detectar la existencia de "aviadores" y que se finquen responsabilidades por presunto fraude en contra del erario público.

Mediante un punto de acuerdo presentado por el diputado perredista Enrique Laffitte Bretón en la sesión del pasado 9 de diciembre, el Pleno del Congreso hizo un llamado a las autoridades electas para revisar la lista de los trabajadores que actualmente tienen las administraciones municipales y detectar a aquellos que cobraron pero nunca hicieron una labor.

"Se acerca el final de las administraciones municipales y la situación en casi todos los Ayuntamientos es desastrosa, como lo he expuesto en otras intervenciones, los municipios de nuestro estado de Morelos se encuentran en quiebra técnica, deben salarios, proveedores, laudos; pero seguramente esos “aviadores”, que no tan sólo cobraron puntualmente sin trabajar, sino que además recibirán sus liquidaciones al cien por ciento o serán heredados a las nuevas administraciones con sueldos todavía más elevados que los que estuvieron recibiendo", manifestó el diputado al exponer su punto de acuerdo ante el Pleno legislativo.

Refirió que es común que al final de las administraciones estos "trabajadores" no sólo reciban al 100 por ciento sus liquidaciones, sino que sin motivo alguno les incrementen su salario "lo que sumado a todos los demás compromisos, vuelve la situación económica que van a encontrar los alcaldes electos a partir del primero de enero en una 'zona de guerra' imposible de sacar a flote", agregó.

En este sentido, el diputado aseguró que bajo las facultades que tiene el equipo de entrega-recepción del gobierno electo se puede investigar y detectar la presencia de empleados que cobraron "sueldos generosos" pero que nunca trabajaron.

Ante la propuesta, el Congreso del estado recomendó a los alcaldes electos iniciar fincar responsabilidades para castigar por el delito de fraude a los "aviadores", para contribuir a que se terminen estas prácticas, muy recurrentes cada trienio.

Además, según el punto de acuerdo, "las Contralorías Municipales deberán iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, imponiendo multas... similares al desfalco a las arcas públicas que cometieron, así como destituciones de sus cargos si se encuentran laborando aún o inhabilitaciones si se encuentran ya fuera del gobierno".