Con la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos, la representación del Poder Judicial del estado de Morelos está en condiciones de promover la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar la emisión de la declaratoria para la vigencia de la reforma constitucional que  dota a este poder de autonomía financiera.

Abogados y magistrados se pronunciaron -desde hace casi tres años, cuando fue congelada la emisión de la declaratoria- porque la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y quien ostenta la representación del Poder Judicial estatal, Nadia Luz Lara Chávez, promueva acciones legales para obligar al Poder Legislativo y al Ejecutivo para promulgar y publicar la reforma constitucional que permitiría a los tribunales locales acceder al 4.7% del presupuesto estatal programable.

Recientemente, Lara Chávez dijo que analizaría la posibilidad de recurrir a la controversia constitucional, pero primero exploraría un posible diálogo con el Poder Legislativo para conseguir una ampliación presupuestal para el TSJ.

Sin embargo, con la publicación de la Ley de Egresos, en el que se etiquetó un presupuesto de poco más de 557 millones de pesos para el Poder Judicial (de los cuales 519 se etiquetaron para el TSJ) y en el que el criterio de distribución distó a la pretendida autonomía financiera, se pone otra a vez sobre la mesa la posibilidad de recurrir al máximo tribunal del país.