El Colegio Morelense de Abogados exhibió la resistencia de la Fiscalía General del Estado para dar respuestas a las solicitudes de información sobre el número de carpetas de investigación tramitadas y judicializadas desde la implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial.

El presidente de esta organización de litigantes, Juan Juárez Rivas, explicó que en el mes de agosto preguntó a la fiscalía estatal cuántas carpetas inició desde octubre de 2008 (fecha en que entró en vigor la primera etapa del sistema oral de justicia penal), cuántas fueron judicializadas y cuál fue su conclusión, es decir cuántas absoluciones y condenas fueron obtenidas.

Además requirió informes sobre las denuncias que se resolvieron a través de los medios alternos de justicia, cuyos datos fueron los únicos proporcionados.

Expresó que los abogados estiman que desde octubre de 2008 a la fecha, la fiscalía tramitó más de 200 mil carpetas de investigación, pero no hay certeza sobre el número exacto, ni tampoco existen indicadores que permitan diagnosticar y evaluar el desempeño de la institución.

“Nosotros tenemos nuestras cuentas de cuantas hicieron en el 2008, 2009, en 2010, y hacemos una sumatoria y nos da eso. Lo que nosotros queremos saber, para ayudar a la fiscalía, pues cuántas son, cuál es la problemática, cuál es nuestra función como abogados dentro de este nuevo sistema, cuál es la de los fiscales, cuál es la de los jueces, cuál es de los magistrados. Hay dos partes, la fiscalía y tribunal, y vemos que uno echa la culpa al otro. Lo cual es tétrico porque no hay seriedad y nadie quiere asumir su responsabilidad”, dijo.

También criticó la pasividad del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), porque hasta hoy no ha resuelto el recurso de revisión promovido contra la fiscalía, por su negativa a entregar la información solicitada.

“Nos da la impresión de que le da vergüenza (a la fiscalía) porque las cifras deben de estar preocupantes, pero una manera de que nadie sepa es ocultando información. Pero lo que es más preocupante es que nosotros como ciudadanos acudimos al Imipe de manera respetuosa, se nos admite muy tardíamente nuestros recursos de inconformidad. Se pide la información a la fiscalía y la fiscalía no da información, pero el Imipe tampoco. El Imipe es cómplice y corresponsable de que no se diga la verdad de lo que está sucediendo, por lo menos en la fiscalía”, afirmó.

Agregó que hará valer su derecho de acceso a la información y por los medios legales vencerá la opacidad en que se encuentra enquistada la fiscalía estatal.