Ayer mismo, personal de la CNDH acudió al predio “El Maguey” del ejido de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, donde se ubica el panteón de la comunidad indígena y las fosas de la fiscalía estatal, para verificar el lugar e iniciar las diligencias para integrar la queja atraída por el organismo nacional por la gravedad y trascendencia del caso.

Pese a que la CNDH pidió tomar las medidas cautelares relacionadas con la familia de Oliver Wenceslao, las carpetas de investigación y las propias fosas de la Fiscalía de Morelos, así como garantizar la preservación del lugar de los hechos y mantener el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios de lo sucedido; el fiscal sostuvo no tener conocimiento de nada de ello y afirmó que las medidas estaban aplicadas desde antes de la intervención del organismo nacional.

“El tema me gustaría ya ventilarlo el día de mañana. Vamos a tener una comparecencia en el Congreso, desde luego es un punto que se va a tratar y con todo gusto mañana podemos ampliar el tema”, afirmó.

Insistió en que la CNDH -hasta ayer- no le había notificado sobre su intervención con la atracción de la queja por la presunción de violaciones graves a los derechos humanos e indicó que hasta el momento la investigación sigue bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado. Aunque no descartó la posibilidad de una probable atracción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), como lo solicitaron víctimas y familiares de desaparecidos y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, en la reunión del lunes con el titular del organismo nacional Luis Raúl González Pérez.

Reiteradamente rechazó profundizar sobre el tema y señaló que acatará cualquier instrucción de la CNDH, e insistió en reservar detalles para su comparecencia ante los legisladores.