Según el decreto, vigente desde el 12 de noviembre, el proyecto de reglamento surgió del Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, con el propósito de regular las figuras legales de asesoría jurídica a víctimas, el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos, el fondo de ayuda, asistencia y reparación, previstos en la legislación estatal, y establece los mecanismos y procedimientos para el goce y ejercicio de los derechos de las personas afectadas.

Para proporcionar apoyo legal a las víctimas deberá instaurarse la unidad de Asesoría Jurídica Estatal, especialmente para atender a aquellas personas que carezcan de la posibilidad de disponer de un representante legal particular para efecto de ser orientadas sobre los procesos para ingresar al Registro Estatal de Víctimas y solicitar subsidios o reparación del daño.

Los servicios brindados por la Asesoría Jurídica Estatal en todo momento serán gratuitos y contará con un registro electrónico de los asesores jurídicos estatales, que contenga el perfil adecuado para la atención y defensa de los derechos de las víctimas.

Cada niña, niño y adolescente víctima, además del representante especial, tendrán un asesor jurídico estatal, quienes desempeñarán sus funciones de manera coordinada, a fin de lograr el pleno restablecimiento de sus derechos.

En tanto en el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas emite la normativa para regular la figura de “representante especial”, será facultad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Morelos brindar el acompañamiento jurídico a las víctimas menores de edad.

De acuerdo con el reglamento, el Registro Estatal de Víctimas (que estará a cargo de una persona titular designada por el consejo, a propuesta del coordinador ejecutivo) tendrá entre sus facultades solicitar a la Fiscalía General del Estado y al Registro Civil toda la información sobre la inhumación de cuerpos en fosas comunes o la cremación de cadáveres de personas desconocidas.

Lo anterior es de suma importancia debido a la polémica que prevalece sobre la inhumación de más de un centenar de cuerpos en una fosa común en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, luego de que la madre de Oliver Wenceslao Navarrete (quien fue secuestrado y asesinado) denunció que el cuerpo de su hijo fue enviado a esta fosa, pese al reclamo de entrega de la familia.

Pese a que la fiscalía afirmó que todos los cuerpos tienen expediente, organizaciones civiles y no gubernamentales se han pronunciado por la exhumación de los cadáveres para tomar muestras genéticas que permitan hacer nuevos exámenes y comparar los resultados con las muestras de familiares de desaparecidos para determinar si alguno de los cuerpos pertenece a alguna de las personas buscadas.

También el nuevo reglamento contempla los procedimientos para obtener el reconocimiento de víctimas e ingresar al registro estatal, para efecto de acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, con base en la necesidad socioeconómica de la víctima, la gravedad del daño sufrido, la vulnerabilidad de la víctima, en proporción al tipo de daño sufrido y su perfil psicológico.