Mediante una reforma al Reglamento del Congreso del estado, se podría modificar el formato de las comparecencias de funcionarios ante diputados locales, a fin de que la información que surja de estos encuentros sirva como elemento de prueba para iniciar procedimientos legales, en caso de detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos.

El pleno del Congreso local conoció el pasado miércoles en sesión ordinaria de la iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Nueva Alianza (PNA), Julio Espín Navarrete, quien expuso que es necesario fortalecer estos espacios de transparencia, a fin de que las comparecencias no sean consideradas como "simples pasarelas, acciones inútiles e incluso anacrónicas que den pie a espectáculos políticos, sino para dar resultados concretos que la ciudadanía espera de sus gobernantes".

El legislador local propuso modificaciones a diversas disposiciones del Reglamento del Congreso, en las que se determinen obligaciones por parte de los funcionarios y diputados, derivado de los resultados de estas comparecencias.

De tal forma, que dentro de la iniciativa se pretende estipular que el servidor compareciente deberá protestar decir verdad y "si así no lo hiciere, que el Estado se lo demande, enterado usted de los alcances legales y consecuencia de ello".

"Si en la comparecencia del servidor público, existen elementos de prueba o indicios fundados que hagan presumir la existencia de irregularidades administrativas que comprometan el patrimonio público, las actuaciones del Pleno o de la comisión respectiva, se constituirán como medios de prueba vinculantes, para la Contraloría del estado o del Municipio respectivo, para los órganos constitucionales autónomos o en su caso al Tribunal de Justicia Administrativa, para que inicien proceso de investigación correspondiente sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados", señala la propuesta de reforma al artículo 153 al reglamento.

Cabe recordar que en menos de dos meses, los integrantes de la actual legislatura han citado a comparecer al comisionado estatal de seguridad, a la secretaria de Hacienda del gobierno estatal y al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

En el caso de las dos últimas, los diputados han tenido información sobre posible mal uso de recursos, misma que hasta el momento sólo ha tenido un efecto mediático.