Luego de que magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, anunció reuniones con diputados para negociar un incremento presupuestal para la institución, Arenas Ángeles sostuvo que el Poder Judicial no debería entrar en esta dinámica, ni estar subordinado a la voluntad de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

En el 2012 la Quincuagésima Primera Legislatura reformó la Constitución local para dotar al Poder Judicial de autonomía financiera y posteriormente el Constituyente (los ayuntamientos) aprobaron la reforma. Sin embargo, la Quincuagésima Segunda Legislatura decidió congelar la declaratoria que permitiría a los tribunales Superior de Justicia, de Justicia Administrativa, Electoral y de Justicia para Adolescentes, obtener por lo menos el 4.7% del presupuesto estatal anual.

El magistrado recalcó que la autonomía presupuestal es un tema de gran relevancia, que en la coyuntura de la discusión de la Ley de Ingreso y Ley de Egreso del gobierno del estado debe ser retomado por los diputados de la nueva legislatura, porque se garantizaría el adecuado funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia (y otros tribunales), la autonomía e independencia judicial, la pronta impartición de justicia y la expedites que postula el artículo 17 de la Constitución federal.

Indicó que la posibilidad de una controversia constitucional para pugnar por la emisión de la declaratoria de la reforma constitucional está latente, sin embargo lo ideal es que los legisladores descongelen ya la declaratoria.

“Yo creo que lo importante es que se abordara por la Comisión de Hacienda o por la Junta Política primero un diálogo con los integrantes del Poder Judicial, a efecto de poder garantizar lo que he comentado. Desde luego es un camino a seguir la controversia, en caso de no emitirse la declaratoria y dado los precedentes establecidos desde el 2004 por la Corte con la controversia constitucional 35/2000 del estado de Aguascalientes, los tribunales de los estados que han recurrido a reclamar este tema han obtenido sentencias positivas a su favor”, explicó.

Explicó que al no emitir la declaratoria se vulneran los principios de autonomía de gestión presupuestal y la autonomía e independencia del Poder Judicial, al someterlo a la voluntad política del Poder Ejecutivo y Legislativo locales.

Cuestionado sobre si las condiciones de las finanzas públicas hacen factible en este momento la autonomía financiera, afirmó: “Es un tema complejo y yo trataría de separarlo de las condiciones, más bien es una necesidad que se traduce no en los magistrados, en los jueces o en el personal del tribunal, sino se traduce en un beneficio de la sociedad al garantizarse la independencia y autonomía de los juzgadores. Yo lo veo así desde esa perspectiva y no puede estar sujeta a las cuestiones de otra índole, ni siquiera políticas o de oportunidad”.

Insistió en que la autonomía financiera permitirá también garantizar la transparencia en la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la celeridad en desahogo de los juicios.

Además, recalcó que la reforma constitucional fue avalada por el Constituyente, que está por encima del Poder Legislativo, y su mandato debe cumplirse con la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y la vigencia de la declaratoria.