Pasadas las 11 de la mañana, el funcionario estatal, ataviado con su uniforme característico de jefe de las fuerzas estatales, arribó al Salón de Plenos, abarrotado ya por "focas aplaudidoras", como más tarde las calificó el diputado del Partido Socialdemócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno, pero también, por un grupo pequeño de víctimas de la violencia que exigía, con mantas y gritos de desesperación, seguridad.

En medio de un cinturón de seguridad que formaron los directivos del Mando Único alrededor del salón, el funcionario estatal se dispuso a dar su posicionamiento sobre el tema por el que, se supone, fue citado ante el Pleno del Congreso local: informar sobre el ejercicio de los recursos del Fondo de Seguridad Morelos, provenientes del descuento de participaciones federales que se aplica a los municipios. Lo anterior, previo a otorgar protesta de ley de conducirse con la verdad.

Sin que sus dudas fueran aclaradas, los diputados procedieron a la ronda de preguntas, respuestas, réplica y contrarréplica.

Entonces empezó la guerra de cifras en materia de seguridad, los dimes sobre la falta de resultados y los diretes sobre lo que no se hizo en el pasado y de lo que se pretende lograr en el futuro.

Los gritos afuera del recinto legislativo se lograban oír hasta el Salón de Plenos. Los golpes a la puerta principal, cuyos vidrios fueron rotos, eran cada vez más fuertes. Eran ciudadanos del municipio de Ayala quienes pretendieron entrar a la fuerza al Salón de Plenos para manifestarse a favor de la desaparición del Mando Único.

En el Salón de Plenos, las interrupciones constantes a la comparecencia –tanto por los ciudadanos presentes como por los diputados locales que corregían por la violación al protocolo acordado para la comparecencia– hicieron del encuentro un mero espectáculo.

Minutos después de que el diputado Francisco Santillán Arredondo advirtió que en el Salón de Plenos había un "espíritu flotando" (para que la sesión se suspendiera), el diputado Jaime Álvarez Cisneros alertó de posibles actos violentos afuera del salón que ponían en riesgo la seguridad de los presentes en el recinto y pidió que se diera lectura al artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso local, a fin de motivar a la suspensión de la comparecencia.

El presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, de inmediato determinó clausurar la sesión. Ante ello, los gritos, las rechiflas y los abucheos enardecieron.

Molesto, el mismo Santillán Arredondo pidió que se abriera una investigación para dar con los responsables de supuestos actos de provocación para terminar de manera anticipada con el encuentro.

En menos de cinco minutos se dio cuenta de que quienes exigían entrar al salón de plenos eran representantes de medios de comunicación, que acudieron a dar cobertura a la protesta que se registraba afuera del recinto legislativo y a quienes se les había negado el acceso de vuelta.

La sesión que había sido clausurada se reanudó, pues se anunció que también la protesta había sido "despresurizada". La ronda de preguntas continuó.

Ante los cuestionamientos de los diputados panistas por la excesiva presencia de policías, incluso de perros de ataque, el comisionado Alberto Capella Ibarra informó que la presencia de un total de 250 elementos fue a solicitud de la presidencia de la Mesa Directiva, como parte de las medidas de seguridad para quienes asistieron a la comparecencia.

Al término del encuentro, en el que los diputados insistieron en un cambio urgente en la estrategia de seguridad, ante la petición del comisionado por esperar más tiempo para ver resultados en la materia, la sede del Congreso local fue desocupada por los policías y personas que acompañaron al comisionado, entre los que se vieron a trabajadores administrativos de la Comisión Estatal de Seguridad.