Al transcurrir 20 de los 60 días hábiles fijados en la ley para instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el vocero del organismo independiente, José Martínez Cruz, manifestó que es necesario actuar con prontitud para localizar a las víctimas, apoyar a las familias que sufren por este delito, así como detener y sancionar a los responsables.

Indicó que la autoridad no debe esperar a que se agoten los plazos legales; por el contrario, debe dar muestras de voluntad política para echar a andar los mecanismos y estructuras legales previstos en la legislación local para garantizar la integridad de cualquier persona que, como consecuencia de la desaparición forzada, se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.

Recalcó que la gravedad del delito exige que independientemente del número de casos, las autoridades estatales respondan responsablemente no sólo en la atención que requieren las víctimas y sus familias, sino la persecución, el combate y la sanción de quienes comenten estas conductas ilícitas.

Cabe destacar que además de la instalación del mecanismo y el comité consultivo, la ley prevé la figura Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.

También prevé que el gobierno de Morelos, a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cree una base de datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.