El viernes pasado trascendió información de la medida tomada por la Junta Política y de Gobierno, que incluye dejar a un lado los derechos laborales de los trabajadores, toda vez que se les pretende liquidar con una cantidad mucho menor a la que por ley les correspondería.

Fueron los empleados despedidos quienes mediante las redes sociales y otros medios expresaron su inconformidad, tras haber sido citados a la Secretaría de Finanzas y Administración, donde la jefa de Personal, Karina Arteaga Dirzo, les comunicó dicho recorte y el monto que recibirían como liquidación correspondiente al pago de prestaciones de ley más mes y medio de sueldo, cuando en algunos casos tenían hasta 15 años de antigüedad.

Según se informó, la determinación de los coordinadores se debió a una supuesta medida preventiva para evitar recorte de presupuesto en otras áreas. Sin embargo, se dijo que en realidad los diputados locales quisieron garantizar el pago de prestaciones de fin de año a los trabajadores que llegaron con ellos al inicio de la LIII Legislatura y evitar otros recortes que podrían perjudicarlos.

Cabe señalar que los empleados afectados trabajaban en áreas como las Secretarías de Finanzas y Administración y la de Servicios Legislativos y Parlamentarios, así como las áreas de Protocolo e Informática, Comunicación Social, Seguridad, Mantenimiento y Limpieza.